Diputados exiliados complican a Correa

Rafael Correa

El gobierno de Ecuador ofreció garantías a la oposición, intentando apaciguar el escándalo internacional desatado por la salida hacia Colombia de varios políticos que alegan ser perseguidos, en un nuevo capítulo de una crisis de poderes.

Mientras puertas adentro la pugna pareció disminuir ayer, afuera los ecos de la convulsión siguieron retumbando tras el anuncio desde Bogotá de seis opositores, que luchan por recuperar sus fueros parlamentarios, de llevar su queja al exterior.

«Estamos en Bogotá haciendo nuestra estrategia política y legal. Ya están listas las comisiones que viajarán para decir al mundo que somos perseguidos políticos y que se ha roto la democracia en Ecuador», señaló la derechista Silka Sánchez. Según se supo, llevarán sus denuncias y reclamos a EE.UU.

El ministro del Interior, Gustavo Larrea, salió al paso de las denuncias que atizaron el enfrentamiento entre poderes por los planes de reforma constitucional del presidente Rafael Correa.

«Nosotros no perseguimos a los diputados, ellos aspiran a ir presos porque creen que de esa forma pueden hacer oposición. No hay un solo preso político, no existe una orden de prisión contra ninguno de los diputados», declaró Larrea.

El martes un grupo de once legisladores rehabilitados por un fallo judicial llegó a Bogotá pidiendo protección, luego de que una fiscal solicitó su arresto bajo sospecha de sedición. La medida aún está siendo evaluada por la Justicia.

La queja fue secundada por un pedido de asilo para seis de ellos por parte del Parlamento Latinoamericano, mientras la OEA aseguró que sigue con atención la crisis desatada tras la aprobación por mayoría de la Asamblea Constituyente que promueve Correa.

El ministro del Interior insistió en que el Ejecutivo se opone al arresto de los políticos, al tiempo que rechazó las denuncias sobre una concentración de poder por parte de Correa.

«Deslindamos absolutamenteresponsabilidad (en la crisis). Somos plenamente respetuosos de la división de poderes, es más, consideramos un error judicializar la política y garantizamos plenamente el derecho a la oposición», señaló Larrea.

Llamado

Asimismo, formuló un llamado a la tranquilidad bajo la garantía de que el Ejecutivo «no quiere una pugna con la oposición y seguirá respetando sus derechos».

Correa, por su parte, negó que gobierne sin oposición pese a que la mayoría de sus adversarios quedaron por fuera del Congreso, al ser depuestos por un fallo del Tribunal Supremo Electoral.

«Incluso si hubiera sido ciertoque no haya existido oposición en el Congreso, la oposición viene de muchos sectores», señaló Correa al diario «Expreso», indicando que «el gobierno tiene» opositores «muy fuertes».

Por ejemplo, mencionó «el poder de la información». «Es el mayor en toda sociedad, y tal vez el más impune, porque cuando te sacan cualquier barbaridad tienes que decir ' gracias' o te la replican», agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, expresó que «más de 80%» de la prensa está en su contra.

El jefe de Estado promueve una nueva Carta Política que refuerce el papel del Estado en la economía, recorte los poderes del Congreso y despolitice los tribunales y organismos de control.