EEUU: acusado de masacre se enfrenta a posibilidad de pena de muerte

Jared Loughner escuchó y asintió mientras el juez leía los cinco cargos a los que se enfrenta y las posibles sentencias.

El acusado del tiroteo de Tucson (Arizona) compareció por primera vez ante el juez en una audiencia en la que se planteó la posibilidad de pena de muerte, mientras las primeras investigaciones perfilan un ataque cuidadosamente planeado.

Esposado y con la cabeza rapada, Jared Lee Loughner, de 22 años, apareció en el tribunal federal de Phoenix dos días después de irrumpir en un acto de la congresista demócrata Gabrielle Giffords en Tucson y abrir fuego contra 20 de los asistentes.

El tiroteo acabó con las vidas de seis personas e hirió a otras catorce, entre ellas Giffords, que sigue hospitalizada en estado crítico pero estable después de que una bala le traspasara el cráneo.

El acusado, que quedó detenido sin posibilidad de fianza tras la audiencia, escuchó y asintió mientras el juez leía los cinco cargos a los que se enfrenta y las posibles sentencias, entre ellas la de pena de muerte por los dos cargos de asesinato en primer grado.

Aunque la acusación aún no ha anunciado la sentencia que perseguirá para Loughner, los rumores de que será la pena capital se han disparado al salir a la luz los primeros resultados de la investigación, que muestran a un joven mentalmente inestable que planeó metódicamente el asesinato de Giffords.

Pese a que según el alguacil del condado de Pima, Clarence Dupnik, el propio acusado "no está diciendo una palabra" a la Policía, un simple registro de la casa de sus padres bastó para hallar un sobre con las palabras "lo planeé con antelación" y "mi asesinato" escritos en él, junto al nombre "Giffords".

En la misma caja fuerte que contenía el sobre, encontraron también una carta que la oficina del congresista envió en 2007 a Loughner, en la que le agradecía su asistencia a un acto del "Congreso en tu esquina", la misma iniciativa en la que el acusado desató la masacre.

No obstante, esas pruebas son insuficientes para determinar sus posibles motivos para atentar contra Giffords, por lo que las autoridades se centran ahora en entrevistar a quienes le conocían y analizar las señales de inestabilidad mental que él mismo dejó patentes en varios sitios de Internet.

Los más evidentes son los vídeos que publicó en su cuenta de Youtube y su extinto perfil en MySpace, en los que se indignaba por los niveles de analfabetismo en su condado, abogaba por la creación de una nueva divisa estadounidense y hablaba de los "métodos de lavado cerebral" que el Gobierno imprimía en el país a través del control de la gramática.

Uno de esos extraños alegatos, en los que aseguraba que su universidad, Pima College, podía ser "ilegal o inconstitucional", le mereció la expulsión del centro educativo el año pasado, y existen rumores de que también fue rechazado en el servicio militar porque reprobó un test de drogas.

Su discurso exaltado ha llevado a algunos medios a vincularle con grupos extremistas como "American Renaissance", que aboga por la supremacía blanca, aunque el Departamento de Seguridad Nacional negó hoy que existan pruebas de esta conexión.

Mientras, el Tea Party de Arizona se apresuraba a confirmar que Loughner, registrado en 2006 como votante independiente, no está afiliado al movimiento ultraconservador, cuya similitud con la retórica inflamatoria del acusado lo situó en el ojo del huracán este fin de semana.

El debate sobre la relación entre el lenguaje y la violencia se desató tras unas vehementes declaraciones del alguacil Dupnik, quien describió Arizona como "la meca de los prejuicios y la intolerancia" y aseguró que allí se vive un "clima de odio".

A este debate se han sumado las voces que piden una revisión de las regulaciones que permiten la posesión de armas, con el objetivo de repasar estrictamente el historial de quienes soliciten una licencia para impedir su compra por parte de personas inestables.

"En Arizona tenemos, probablemente, el sistema más liberal de venta de armas de todo Estados Unidos", dijo hoy a la CNN la fiscal del condado de Pima, Barbara Lawall, quien consideró "improbable" que el suceso desemboque en un cambio legislativo.

Mientras, en la confusión propia de las primeras fases de una investigación, la única hipótesis que parece descartada es la de que Loughner actuara con ayuda, después de que las autoridades negaran la conexión con el suceso del conductor del taxi que le llevó al acto, identificado en un principio como un posible cómplice.