El fin de la privacidad luego de los atentados del 11-S

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A modo de prevenir una "amenaza terrorista", las autoridades estadounidenses aplicaron por ley una vigilancia electrónica sin orden judicial.

Los atentados de 11-S trazaron una línea divisoria entre una época en retirada y otra con parámetros y lógicas radicalmente diferentes porque la denominada "guerra contra el terrorismo" modificó el escenario geopolítico e impuso nuevas ideas de "seguridad", con costos en derechos humanos y libertades civiles, configurando un escenario en el que la privacidad fue la gran perdedora.

Si bien la vigilancia masiva ya era un tema de debate creciente años antes, un mes después de las aviaciones contra la Torres Gemelas en Estados Unidos, el Congreso estadounidense promulgó la ley Patriota, que autorizó la vigilancia electrónica sobre sospechosos de "terrorismo" sin orden judicial, así como investigar sus negocios y relaciones personales hasta el sexto grado de contacto.

La misma habilitó un escenario favorable al establecimiento de un estado de excepción permanente, que de modo gradual instauró prácticas que limitaron derechos y garantías constitucionales en el mundo entero, e impuso como "naturales" escenarios de ilegalidad y de "excepcionalidad".

De este modo, sobre la base de la "amenaza terrorista" que se cernía sobre el mundo, Washington justificó la guerra preventiva, de las cuales Afganistán e Irak fueron solo los ejemplos más notorios.

En 2013, más de una década después, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la CIA, Edward Snowden, filtró miles de documentos clasificados que pusieron al descubierto cómo evolucionó esta potestad casi sin límites entregada a los servicios de inteligencia, y como se transformó en una compleja red de colaboración entre decenas de organismos de inteligencia de varios países.

Estas demostraron que Washington autorizó a sus agencias de seguridad a vigilar el uso del teléfono e internet en 193 países del mundo y que éstas recogían y analizaban diariamente 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles y 42.000 millones de registros de internet -incluidos correos electrónicos e historiales de navegación- al mes.

"Es muy interesante empezar a trazar este problema con la cuestión económica, con el rol de los Estados Unidos y el complejo industrial norteamericano, sobre todo el complejo industrial-militar, y el juego geopolítico de la implementación de la doctrina seguridad", explicó Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que defiende derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.

Esta construcción -explicó-, permitió que "una sociedad con una larguísima tradición de defensa de libertades civiles como la estadounidense permitiera la implementación de una ley tan abusiva en términos de invasión de las libertades civiles y los derechos fundamentales".

Aceptar estos mecanismos era parte del "deber" de ciudadanos que "no tienen nada que ocultar", lo que fue configurando una sociedad hipervigilada, funcional a la etapa actual del capitalismo. De esta manera es como "emerge un actor nuevo, que tiene que ver con las grandes empresas de tecnología de la información, con su base fundamental en Estados Unidos, Google, Amazon, Apple, Facebook, etc."

El modelo de negocio de estas megaempresas se nutre de esa experiencia de vigilancia masiva.

"La recolección permanente, no solo de datos, sino también de patrones de conducta, de lectura, de comportamiento y de gustos, permite de forma más o menos precisa prever hacia dónde va la voluntad de las personas, sus gustos, sus consumos y por supuesto también tendencias políticas", detalló la experta.

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