El Gobierno español desconfía del alto el fuego tras nuevo ataque de ETA

Imagenes del local incendiado en Navarra.

Madrid (EFE).- El Gobierno español advirtió ayer a la organización terrorista ETA de que su declaración de alto el fuego, de la que se cumple un mes, es incompatible con actos de violencia callejera como el incendio que ayer destruyó el negocio de un concejal conservador en la región de Navarra.

La advertencia la hizo el nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien reiteró, no obstante, la "firme voluntad" de alcanzar la paz, sin por ello dejar de perseguir los delitos que se produzcan contra los derechos y libertades de los ciudadanos.

"Todo parece indicar que estamos ante un acto de 'kale borroka'(violencia callejera pro-etarra), que sería el primero desde la declaración de alto el fuego, con el que es incompatible", afirmó Rubalcaba, que la pasada semana asumió a su nuevo cargo tras ser el de portavoz parlamentario del gobernante Partido Socialista (PSOE).

El ministro expresó en nombre del Gobierno su solidaridad con el concejal del conservador Unión del Pueblo Navarro (UPN) José Antonio Mendive, propietario del negocio de ferretería incendiado, y con las cuatro personas que resultaron levemente intoxicadas.

Según la versión oficial de los hechos, el incendio se produjo hacia las 02.30 GMT de ayer, después de que alguien rompiera el escaparate del local, situado en la localidad Navarra de Berañain, vertiera un líquido inflamable y prendiera fuego, lo que originó un gran incendio, avivado por las pinturas y disolventes almacenados.

A consecuencia de las llamas, que quedaron extinguidas una hora después, fueron hospitalizados tres policías municipales por inhalación de humo, que fueron dados rápidamente de alta, y un niño de diez meses, que quedó preventivamente en observación.

El fuego obligó a desalojar las 56 viviendas del inmueble donde está ubicada la ferretería, aunque casi todos los vecinos regresa ronpoco después a sus domicilios.

Mientras el líder del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, pedía al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se apresurara a aclarar lo sucedido y tomara nota, desde las filas socialistas se invocaba a la prudencia.

El recurso a la cautela se ha convertido en una constante desde que ETA declarara el "alto el fuego permanente" (que entró en vi gordos días después, el 24 de marzo), aunque paralelamente se ha ido reforzando el optimismo inicial sobre el fin de la violencia terrorista que durante cuatro décadas ha azotado a España con más de 800 muertos y miles de heridos.

Todos los partidos -incluido el PP que no ha dejado de parte, sin embargo, las reticencias- han dado su apoyo a Zapatero, que antes del verano tiene previsto acudir al Parlamento para que autorice la apertura de un diálogo con la banda terrorista.

La condición previa para ese trámite institucional es la verificación del cese total de la violencia, que se había constatado hasta hoy, en que se produjo el ataque al negocio del concejal de UPN, aliado del PP en el Gobierno regional de Navarra.

Ese "contratiempo" se inscribe en las dificultades intrínsecas de un proceso que el propio Zapatero ha repetido que será "largo y complicado" y que negociadores en otros escenarios similares, como el de Irlanda del Norte, ya han subrayado que puede sufrir reveses más o menos serios.

Pese a esa complejidad, un mes después de la declaración de alto el fuego de ETA numerosos dirigentes políticos insisten en señalar que no hay marcha atrás posible, como sucedió con las treguas de1988 y 1998, y que esta vez será la definitiva.

Uno de los que han repetido estas dos ideas es el presidente del Gobierno regional vasco, el nacionalista Juan José Ibarretxe, que, al igual que Zapatero, ha abierto una ronda de consultas políticas, a la que no acudió el PP, ya que también estaba invitada la ilegalizada Batausa, el brazo político de ETA.

De hecho, Ibarretxe ajustó su agenda a las necesidades del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, que en pleno alto el fuego ha vuelto a pasar por la prisión, que pudo eludir finalmente mediante el pago de una fianza.

Los nacionalistas, moderados como Ibarretxe o radicales como Otegi, presionan para que después del verano se constituya una mesa de partidos, sin exclusiones, paralela al eventual diálogo de ETA con el Gobierno, con el derecho de autodeterminación del País Vasco en el horizonte.

En ese punto distante se sitúa también el caso de Navarra, una región autónoma española que los nacionalistas reivindican como parte de un futuro territorio unificado con el actual País Vasco, al que también suman tres provincias del sur de Francia.