La Asamblea Nacional de Venezuela debate este jueves, en segunda discusión, la Ley de Amnistía para presos políticos impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El proyecto, que ya tuvo media aprobación, podría beneficiar a detenidos como Nahuel Gallo, pero enfrenta fuertes cuestionamientos de organizaciones civiles por su alcance y tratamiento acelerado.
El Parlamento de Venezuela debate una ley de amnistía para presos políticos que podría excarcelar a Nahuel Gallo
La iniciativa impulsada por Delcy Rodríguez ya tuvo primera aprobación y genera críticas de ONG por su alcance y posibles exclusiones.
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El Parlamento venezolano debate por segunda vez el proyecto de Ley de Amnistía impulsado por el oficialismo.
Qué propone la ley y a quiénes alcanzaría
La iniciativa fue anunciada a fines de enero por Rodríguez, quien explicó: "Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política, desde 1999 al presente. Y encargo a la comisión para al Revolución Judicial y al programa para la convivencia democrática y la paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Pido la máxima colaboración del cuerpo Legislativo".
Según detalló la mandataria, el objetivo es que "sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para rencausar la Justicia y la convivencia entre los venezolanos". Rodríguez afirmó además que el proyecto cuenta con el respaldo del expresidente Nicolás Maduro y aclaró que quedarán excluidos quienes estén procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos.
La amnistía, tal como está redactada, abarcaría hechos ocurridos desde 1999, es decir, durante los 27 años de gobiernos chavistas. Sin embargo, el artículo 6 delimita su aplicación a diez coyunturas políticas específicas, desde el golpe de Estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez hasta las protestas posteriores a la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Cuestionamientos por exclusiones y redacción
Diversas ONG advirtieron que la ley podría dejar afuera a varios detenidos. "Tal como está redactada la ley, se excluye a una cantidad de presos políticos que fueron detenidos en el marco de una represión sistemática", señaló a EFE el coordinador de Exigibilidad de Provea, Marino Alvarado.
Entre los posibles excluidos se mencionan el abogado de Provea Eduardo Torres, detenido en 2025; la hispanovenezolana Rocío San Miguel, arrestada en febrero de 2024; y el director de Fundaredes, Javier Tarazona, encarcelado en 2021. Aunque fueron liberados, sus procesos judiciales siguen abiertos.
La ONG Acceso a la Justicia sostuvo que el proyecto "incurre en contradicciones fundamentales al hablar de 'extremismo'", lo que, a su entender, "se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal". También objetó la inclusión del concepto de "clemencia soberana", que "implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga".
Por su parte, la coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, afirmó durante las consultas parlamentarias que los diputados "están apurados" por sancionar la norma y advirtió que un proyecto de esta naturaleza debería debatirse durante meses para que "cumpla con los estándares internacionales".
Con mayoría chavista en el Parlamento, la ley ya fue aprobada en primera discusión la semana pasada. Este jueves podría quedar sancionada definitivamente, en medio de un debate que combina expectativas de liberación con advertencias sobre sus límites.
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