En su último día de mandato, Lula negó la extradición de un militante de izquierda italiano

Ignacio Lula Da Silva.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, negó la extradición del italiano Césare Battisti, condenado a cadena perpetua en su país por cuatro asesinatos cometidos hace 30 años, cuando integraba un grupo armado de extrema izquierda.

Lula, quien entregará su cargo este 1 de enero a la presidenta electa, Dilma Rousseff, rechazó la extradición pedida por Italia y aprobada en noviembre pasado por la corte suprema de Brasil, dijo el canciller Celso Amorim, en una breve declaración a periodistas.

Según explicó Amorim, quien también dejará su cargo, Lula le otorgó a Battisti el estatus de "asilado político" y se apoyó en una opinión de la Abogacía General de la República, que está "a tono" con la Constitución, las convenciones internacionales sobre derechos humanos y el tratado de extradición firmado con Italia.

El caso, sin embargo, deberá volver al Supremo, que se encuentra en receso hasta febrero próximo y deberá considerar si la decisión de Lula está ajustada a derecho.

Del Supremo también depende que Battisti sea liberado de la prisión en que se encuentra en Brasilia o que permanezca detenido hasta que la corte se pronuncie definitivamente sobre el asunto.

La decisión anunciada por Lula, quien ya había dado indicios de que se pronunciaría en ese sentido, fue rechazada de antemano por Italia, cuyo ministro de Defensa, Ignazio La Russa, aseguró que "no estará exenta de consecuencias" políticas y diplomáticas.

La Russa llegó a decir que estaría dispuesto a promover un boicot contra los productos brasileños, y el Gobierno italiano, en una nota oficial, anunció que se reserva "el derecho a considerar todas las medidas necesarias para obtener el respeto del tratado bilateral de extradición" con Brasil.

Battisti, de 55 años y detenido en una cárcel en Brasilia, fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), un brazo de las Brigadas Rojas, la banda armada más activa durante la ola de violencia política que sacudió a Italia hace cuatro décadas.

En 1993 fue juzgado en ausencia por un tribunal italiano que lo halló culpable de los asesinatos de dos policías, un joyero y un carnicero, cometidos entre 1977 y 1979.

Cuando fue procesado estaba en Francia, donde había obtenido el estatus de refugiado político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno galo se disponía a revocar esa condición para entregarle a Italia.

Fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro mediante una operación conjunta hecha por agentes de Brasil, Italia y Francia.

El Gobierno brasileño le otorgó un polémico estatus de refugiado, pese a que había sido negado inicialmente por el organismo oficial competente en esa materia, lo que llevó a Italia a retirar a su embajador en Brasil durante un mes a modo de protesta.

El estatus de refugiado fue revocado en noviembre del 2008 por el Supremo Tribunal Federal, que además autorizó la extradición del ex activista a Italia, aunque dejó la decisión final en manos del jefe de Estado.

Desde que está en Brasil, ha recibido apoyo de organizaciones políticas de izquierdas, como el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula en 1980 y al que también pertenece la presidenta electa, Dilma Rousseff.