El Congreso de los Diputados español aprobó la ley conocida como de Memoria Histórica, que condena la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y amplía el derecho a la nacionalidad española para nietos e hijos de emigrantes y exiliados por la Guerra Civil y el franquismo.
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El dictamen de la ley ordena la retirada de los símbolos franquistas, deroga sus leyes y declara ilegítimas las sentencias de la dictadura.
El proyecto, que ahora debe ser aprobado por el Senado, recibió 184 votos a favor, 137 en contra y hubo 3 abstenciones, anunció el presidente del Congreso, Manuel Marín.
Asume así la declaración de la Asamblea Parlamentaria de Europa firmado el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y 1975.
Por primera vez en la historia española, se "sientan las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática". Declara además "la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa que vulnere las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como de las sanciones y condenas de carácter impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas".
La ley reconoce moral y económicamente a las víctimas, establece que el Estado tutelará las labores de localización e identificación de las fosas comunes, y facilita el acceso a la nacionalidad española para descendientes -hijos y nietos- de emigrantes y exiliados.
El gobierno español tardó dos años en presentar la norma denominada: "Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura".
La norma saldrá adelante con el apoyo de socialistas, la izquierda ecologista, los nacionalistas vascos, los catalanes de Convergencia i Unió, Coalición Canaria y el grupo mixto.
Se opusieron el Partido Popular (PP), que considera que es innecesaria y abre "viejas heridas", y los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana (ERC), que cree que instaura la "impunidad" al desconocer el derecho internacional y aplicarlo a los crímenes cometidos por los sublevados y la dictadura franquista.
La propuesta pasará ahora al Senado, que puede introducir modificaciones, y en caso de que esto suceda, regresará a la Cámara Baja para su validación o rechazo.
Si no se introduce ninguna modificación, la ley quedará aprobada cuando supere el trámite en el Senado, previsto para finales de noviembre.
En tanto, la disposición adicional séptima de la ley, que amplia el acceso a la nacionalidad española a ñietos e hijos de emigrantes y exiliados durante la Guerra Civil Española (1936-39), recibió 180 votos a favor, 129 en contra y 10 abstenciones.
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