San Pablo (AFP, diarios locales) - La ola de terror en San Pablo se desencadenó después de que fueran difundidas en las cárceles del Estado declaraciones secretas prestadas por altos funcionarios policiales ante una comisión del Congreso en las que solicitaban transferir y aislar a los presos de alta peligrosidad, informó ayer «Folha de Sao Paulo» en su página en Internet.
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Las declaraciones fueron tomadas el miércoles de la semana pasada al director del Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado (Deic), Godofredo Bittencourt, y al comisario Rui Ferraz, precisó en una nota la asesoría de prensa del presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre tráfico de armas, diputado Moroni Torgan.
La nota añade que un empleado que presta servicios en la Cámara «fue buscado por la abogada de Marcos Williams Herbas Camacho 'Marcola' (jefe del grupo delictivo Primer Comando de la Capital - PCC) y vendió la grabación que, en seguida, fue divulgada por audioconferencia en las penitenciarías». El precio fue de 200 reales (90 dólares).
La CPI interrogaba ayer a Arthur Vinicius Pilastre Silva, quien confesó haber vendido la cinta a los abogados Maria Cristina Souza Rachado y Sergio Wesley da Cunha.
