El Consejo Constitucional francés derogó el viernes una ley sobre el acoso sexual, por considerar que su formulación era demasiado vaga, y dejó un vacío jurídico que asociaciones feministas calificaron de catastrófico.
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El Consejo, encargado de verificar la conformidad de las leyes con la Constitución, responde así a una consulta del exdiputado Gérard Ducray, de 70 años, condenado en 2011 a tres meses de prisión y 5.000 euros de multa por acoso sexual.
Ducray alegó ante el Consejo que el artículo del Código Penal no definía claramente el delito que se le imputaba, y que permitía todo tipo de interpretaciones.
El cuestionado artículo del Código Penal introducido por esa ley estipulaba: "el hecho de acosar a otro con el objetivo de obtener favores de naturaleza sexual se sanciona con un año de prisión y 15.000 euros de multa".
En su análisis, el Consejo Constitucional recordó que, en virtud del principio de "legalidad de los delitos y de las penas", el legislador debía "definir los crímenes y delitos en términos suficientemente claros y precisos".
Por ello, estimó que el artículo no respondía a esta exigencia y lo declaró contrario a la Constitución.
Marilyn Baldeck, directiva de la Asociación Europea contra la Violencia hacia las Mujeres en el Lugar de Trabajo (AVFT, por sus siglas en francés), estimó que la derogación de la ley "es absolutamente catastrófica para todas las víctimas que tienen procesos en marcha".
Para esas mujeres, "todo está terminado, y las personas que ellas acusaban pueden ahora ir a beber champán", dijo.
Baldeck explicó que la AVFT era favorable a un ajuste de la definición del delito y la derogación de la ley de forma gradual, para evitar precisamente un vacío jurídico.
Además consideró que la decisión del Consejo era un "retroceso histórico" de los derechos de las mujeres, y pidió que se adopte una ley mejor formulada, con carácter de urgencia, después de las elecciones legislativas previstas para el mes de junio.
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