París (AFP, ANSA, EFE) - El impacto provocado por los atentados terroristas de julio último en Londres impulsó al gobierno de Jacques Chirac a elaborar un proyecto de ley para prevenir eventuales ataques en Francia, lo que incluye el aumento de las cámaras de vigilancia en lugares públicos, penas más severas, el control de las comunicaciones por Internet y mayores atribuciones a la Policía, entre otras medidas no exentas de polémica.
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El proyecto de ley prevé el desarrollo de la vigilancia a través de cámaras de video en los transportes públicos y en los alrededores de la estaciones, así como en los centros comerciales y en lugares de culto. Durante la presentación del texto en el Consejo de Ministros, Chirac estimó que el riesgo terrorista es «real» en Francia y que hay que «mantenerse totalmente movilizado». «La exigencia es adaptar permanentemente nuestros dispositivos a la evolución de la amenaza. La exigencia es anticipar permanentemente», dijo al avalar la propuesta elaborada por el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, su número dos.
El control en la vía pública obedece a que los autores de los atentados de Londres fueron identificados con la ayuda de cámaras de vigilancia.
Otro punto importante del proyecto se refiere a la conservación durante un año de los datos relativos a conexiones por teléfonos móviles y por Internet, incluidas las establecidas a partir de cibercafés, así como el registro de viajes.
• Penas máximas
De aprobarse el proyecto, que consta de 16 artículos, las penas de prisión máximas serán de 30 años en lugar de 20 para los dirigentes de grupos terroristas y de 20 años en lugar de 10 para los miembros de una organización de este tipo. Además, todo condenado francés de origen extranjero podrá ser despojado de su nacionalidad durante un período de quince años después de su naturalización.
También se estipula que la policía podrá acceder a los formularios administrativos, como los vinculados con las tarjetas de crédito, pasaportes y visas, entre otros.
El texto será discutido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional a partir del 22 de noviembre para su adopción definitiva antes de fin de año, aunque muchas de las medidas entrarán en vigencia en 2008. La propuesta encendió el debate. La Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades (CNIL) criticó varios puntos del proyecto, pero el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa francesa, no emitió objeción alguna.
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