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Correa evalúa alternativas para enfrentar el fallo adverso a su proyecto de conformar una Constituyente. Según anunció su vicepresidente, Lenin Moreno, el gobierno podría crear un Tribunal especial para tramitar la consulta popular. «El señor presidente de la República así lo ha manifestado, y sin complicarse y sin complicar a las instituciones, lo puede hacer y podrá convocar a esa consulta que el pueblo tanto desea», dijo Moreno al ser preguntado sobre la posibilidad de un TSE «ad hoc».
El mandatario ecuatoriano se situó entre la espada y la pared al quedar a merced del Congreso opositor, ya que su partido no presentó listas en los últimos comicios por considerarlo una «mafia». La consulta popular que Correa convocó al asumir para llegar a la Constituyente es la gran bandera del proyecto socialista que promueve el mandatario con el respaldo de su homólogo venezolano, Hugo Chávez.
No obstante, el gobierno restó importancia a la decisión del TSE, considerándola como un trámite interno para organizar la consulta, y negó haber sufrido una derrota. «La resolución final será la convocatoria a la consulta popular», aseguró el ministro del Interior, Gustavo Larrea.
Sin embargo, César Rodríguez, directivo de Alianza País, señaló que su movimiento, en unión con otros grupos cívicos, comunicará en breve un plan de acciones populares. «La movilización es un legítimo instrumento de lucha para que los cambios propuestos sean viables», indicó.
El fallo del TSE fue anunciado el martes a la noche tras una jornada de disturbios en la que simpatizantes del oficialismo interrumpieron momentáneamente la sesión en la que el Tribunal analizaba la consulta.
Previendo las movilizaciones, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, pidió ayer al gobierno garantizar la seguridad de los legisladores y confió en que haya celeridad en el estudio del plebiscito.
Los indígenas, que según los censos representan 35% de la población ecuatoriana, participaron en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, y Jamil Mahuad, en enero de 2000. Al gobierno de Correa ahora sólo le resta esperar a que el Congreso tramite su propuesta, sin tener que verse obligado a negociar y confiando exclusivamente en que la presión social saque a flote la propuesta.
Para el analista Hernán Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Correa «pecaría de ingenuo si cree que la presión en las calles basta para torcer la oposición del Congreso».
Así, pareciera que el nuevo gobierno pierde haga lo que haga: si negocia con el Congreso, compromete el respaldo popular; y si se apoya exclusivamente en éste, podría desatar una turbulencia en la que podría quedar atrapado.
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