Hacia el fin del reino absoluto del mercado

Santiago - Tras una larga crisis de legitimidad de sus instituciones y políticos, la apertura del proceso para redactar una nueva Constitución en Chile constituye un experimento social esperanzador por surgir por primera vez de un mecanismo inclusivo y democrático.

El inédito proceso no solo representa una oportunidad histórica para salir de una dura crisis social, también pretende enterrar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que es señalada como la base de un Estado ausente, “subsidiario” del sector privado en un marco de una economía ultraliberal, y promotor de desigualdad.

Para muchos este proceso significa también el fin de la “transición”, como se denomina el traspaso del poder desde la dictadura al presidente elegido Patricio Aylwin, 17 años después del golpe de Estado de 1973.

El nuevo capítulo empieza con una clara señal de apertura luego de la elección por voto popular y de los 155 integrantes de la Convención paritaria –hecho inédito en el mundo–, junto con la inclusión de 17 cupos reservados a los pueblos originarios, una primicia también en Chile.

“La Constitución de 1833 se hizo en un marco de república oligárquica y la de 1925 de democracia limitada” cuando, por ejemplo, sólo podían votar los hombres. “Esta es la primera vez que la ciudadanía pudo elegir a un cuerpo para escribirla”, señaló Claudio Fuentes, analista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP).

Los constituyentes electos el 15 y el 16 de mayo –de distintos orígenes demográficos, étnicos, y profesionales– son en un 46% independientes, que superaron a los representantes de los partidos tradicionales de centro izquierda (33,20%) y de la derecha oficialista (20,56%).

Setenta y siete mujeres y 78 hombres fueron elegidos para escribir la nueva Constitución bajo el régimen paritario dispuesto, lo que “representa una forma de asegurar que se visibilicen las problemáticas de la mujer en la futura Constitución”, según Couso. Entre ellas hay 21 abogadas, nueve profesoras, cinco trabajadoras sociales e igual número de periodistas. En total, 75% de las constituyentes son independientes. La militante comunista, Valentina Miranda, de 21 años, es la más joven de todos los representantes.

Son mayoría los simpatizantes de una amplia gama de visiones de izquierda, tanto independientes como representantes de partidos políticos, que buscan construir un Estado garante de derechos sociales.

“Esto no debe leerse desde la óptica tradicional de la derecha o izquierda”, advirtió Marcela Ríos, representante asistente del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.

Según Ríos, en este proceso una parte muy importante de los nuevos actores se plantean desde una diferenciación con las élites tradicionales.

“Ha habido hace mucho tiempo un quiebre muy profundo entre la sociedad y las instituciones, baja confianza en las instituciones, cuestionamientos al rol de los partidos políticos”, y es desde ese lugar que nace este proceso de cambio, afirmó, al indicar diferencias sustanciales entre los procesos constituyentes que se realizaron en Venezuela en 1999, Bolivia en 2006 o Ecuador en 2007.

La nueva Constitución, que se aprobará o rechazará en un plebiscito el año que viene, debería parecerse “al Chile real”, afirman analistas, con integrantes que son activistas medioambientales, dirigentes comunales, abogados, profesores, periodistas y economistas, junto a representantes de partidos políticos tradicionales en minoría y sin que ninguna fuerza política cuente con el tercio necesario para vetar iniciativas, según un reglamento que exige aprobar las decisiones por dos tercios de los participantes.