París (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Los diputados franceses dieron ayer media sanción a un polémico proyecto de ley presentado por el titular de Interior, Nicolas Sarkozy, que endurece las requisitos para otorgar permisos de trabajo a los extranjeros y privilegia la « inmigración elegida» sobre la no calificada.
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El texto fue aprobado por 367 votos a favor y 164 en contra. La Unión para el Movimiento Popular (UMP), partido de derecha en el poder, se pronunció a favor de este texto, mientras que los socialistas y comunistas se opusieron. El proyecto -que preconioza la inmigración «elegida» frente a la «sufrida», en palabras de Sarkozy- sólo será aprobado definitivamente una vez que el Senado lo examine, entre el 6 y el 7 de junio.
Este proyecto de ley sobre la inmigración y la integración endurece las condiciones, ya recortadas en una ley de 2003, del reagrupamiento familiar y de los matrimonios mixtos, al tiempo que abre el mercado de trabajo en los sectores que tengan carencia de mano de obra y exige una integración en la sociedad y un conocimiento del idioma para obtener un permiso de residencia de 10 años.
Los extranjeros que quieran llevar a sus familias tendrán que demostrar que llevan vividos al menos 18 meses de forma regular en Francia y no 12 como ahora, y además deberán probar al menos el salario mínimo (1.200 euros por mes) de su trabajo y no de ayudas sociales, así como condiciones apropiadas de alojamiento.
La futura ley elimina, además, la entrega automática del permiso de residencia a los inmigrantes que viven desde hace 10 años en Francia, y esas situaciones serán estudiadas ahora «caso por caso».
El texto favorece la llegada de « extranjeros cuya personalidad y talentos supongan un beneficio para el desarrollo» del país, en alusión a científicos, especialistas en informática y artistas, quienes podrán beneficiarse de un permiso de residencia de tres años, que será de cuatro años para los estudiantes que tengan un máster.
«Hemos mostrado que la inmigración no es una cuestión tabú: Francia debe decidir qué política soberana desea para su inmigración», se congratuló Sarkozy, que aspira a la presidencia en 2007, tras la votación.
Sarkozy, que se opone a las grandes operaciones de legalización de inmigrantes ilegales como las llevadas a cabo recientemente en España y en Italia, sostiene que «elegir» al inmigrante no significa «robar las elites de los países en vías de desarrollo». Para el ministro, esta ley es « sinónimo de una inmigración regulada y organizada teniendo en cuenta las capacidades de acogida de Francia».
El proyecto de Sarkozy obtuvo su primer visto bueno, ocho meses después de que en los suburbios franceses estallara una revuelta provocada por inmigrantes que provocó importantes daños materiales y la instalación del estado de emergencia en toda Francia. El gobierno local estima que existen entre 200.000 y 400.000 inmigrantes clandestinos en el país, aunque las cifras reales podrían ir mucho más allá.
En tanto, el presidente Jacques Chirac pidió a sus ministros que pongan fin a las «peleas internas» que desgastan el gobierno y los instó a trabajar juntos.
El gobierno atraviesa una severa crisis por el caso Clearstream, en alusión a una financiera luxemburguesa, que involucra a Chirac y a su «protegido», el premier Dominique de Villepin, en un espionaje contra funcionarios, entre ellos, Sarkozy.
