En un hecho inédito, los habitantes de la isla de Bonaire, en las Antillas Neerlandesas, iniciaron este martes un juicio contra el Estado de Países Bajos, al que acusan de no adoptar medidas suficientes para enfrentar la crisis climática. La audiencia comenzó en La Haya, con la presencia de representantes de la comunidad y de la organización ambiental Greenpeace, que respalda la demanda.
7 de octubre 2025 - 15:55
Inicia el juicio contra Países Bajos por no apoyar la lucha contra el cambio climático
Los habitantes de la isla de Bonaire ejecutaron las denuncias en conjunto con Greenpeace. Exigen el accionar inmediato del país.
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Comienza un importante juicio contra Países Bajos en La Haya.
“Este cambio climático no es para nosotros una amenaza lejana. Donde antes trabajábamos, jugábamos, caminábamos o pescábamos durante el día, el calor es ahora a menudo insoportable”, relató Onnie Emerenciana, agricultor y vocero de los isleños, ante los cuatro magistrados que integran el tribunal.
Una isla en riesgo de desaparecer
Según el sitio oficial de Greenpeace, Bonaire figura entre los municipios neerlandeses más expuestos al impacto del cambio climático. Un estudio elaborado por la Universidad Libre de Ámsterdam (VU) advirtió que el sur de la isla podría quedar sumergido de manera permanente antes de que termine el siglo, debido al aumento del nivel del mar.
Durante su declaración, Emerenciana describió cómo las alteraciones climáticas transformaron la vida cotidiana de la comunidad: “Los padres cuentan que sus hijos ya no pueden ir caminando a la escuela como lo hacían antes. Los juegos al aire libre fueron reemplazados por actividades bajo techo, detrás de puertas cerradas”.
El agricultor se presentó ante el tribunal con una bufanda con los colores de la bandera de Bonaire, en señal de orgullo y resistencia.
Exigen acción inmediata contra el cambio climático
La demanda, impulsada conjuntamente por los residentes de Bonaire y Greenpeace, solicita que Países Bajos adopte un plan integral de protección climática para la isla, con políticas de adaptación y mitigación que incluyan la reducción total de las emisiones de CO2 para 2040.
El reclamo también busca que el Estado reconozca su responsabilidad ambiental histórica, al considerar que su falta de acción amenaza directamente la supervivencia del territorio y de sus habitantes.
El proceso judicial de Bonaire contra Países Bajos representa el primer caso europeo que se desarrolla tras el reciente dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitido en julio, sobre las obligaciones legales de los Estados en materia climática.
El máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, estableció que los países que incumplen sus compromisos ambientales cometen un acto “ilícito” y pueden ser demandados por los Estados o comunidades más perjudicadas.
Esa decisión marcó un precedente jurídico global, ya que permite a legisladores, abogados y jueces de distintos países invocar el dictamen de la CIJ para reformar leyes o iniciar acciones judiciales contra gobiernos por su inacción climática.
El juicio podría sentar un nuevo precedente
De prosperar la causa, el fallo de La Haya podría obligar a los Países Bajos a reforzar sus políticas de adaptación y mitigación, así como a reparar los daños ambientales en los territorios más vulnerables bajo su jurisdicción.
El caso Bonaire no sólo interpela a la administración neerlandesa, sino que también abre una nueva etapa en el derecho climático internacional, donde las comunidades afectadas comienzan a reclamar ante la justicia global la responsabilidad directa de los Estados por el deterioro ambiental.
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