Investigan por fraude a una empresa de ministro de Lula

Una empresa del ministro de Comunicaciones del gobierno de Lula, Eunicio Oliveira, está siendo investigada bajo sospecha de fraude en licitaciones públicas por la Policía Federal (PF), que el jueves lanzó un operativo contra empresas de seguridad privada.

En el marco de ese operativo, denominado Operación Sentinela, cuatro funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano encargado de fiscalizar contratos y combatir la corrupción en la administración pública brasileña, fueron detenidos por la Policía Federal (PF).

También fueron detenidos seis empresarios del sector de seguridad privada y del ramo de contratación de empleados tercerizados, informó el viernes la PF.

Entre las empresas que están siendo investigadas por la PF figura una empresa de seguridad, la Confederal, que pertenece al actual Ministro de Comunicaciones, Eunicio Oliveira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB-centro), aliado del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

La sede de la Confederal fue allanada, incluido un escritorio que utiliza el ministro cuando va a la empresa.

Oliveira informó en un comunicado que está apartado de la Confederal desde 1998 y que la empresa es dirigida por ejecutivos que no forman parte de la familia propietaria.

El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Profesor Luizinho del Partido de los Trabajadores (PT-gubernamental) acusó a la PF de estar actuando con motivaciones políticas, dado que el PMDB debate actualmente la posibilidad de abandonar la coalición y Oliveira es uno de los principales defensores de la permanencia en el gobierno.

"Hay algunos sectores (de la PF) que están actuando de manera dirigida y arribista... Algunas acciones están ocurriendo contra la voluntad del comando de la PF. Esas acciones socavan las instituciones de la República y la gobernabilidad", dijo Luizinho.

Inmediatamente, el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, del que depende la PF, comunicó a través de un portavoz que "el ministerio mantiene la posición de que la PF está actuando de manera impersonal y republicana, sin proteger ni perseguir a nadie en particular".

Bastos y el superintendente de la PF, Paulo Lacerda, han lanzado una vasta ofensiva contra la corrupción, que ha puestos tras las rejas a jueces, altos funcionarios del ministerio de salud, cambistas de divisas, entre otros, y que costó el cargo al gobernador del Estado amazónico de Roraima (norte).