Jueces brasileños deciden hoy si se suman a la huelga

El ministro de Economía, Antonio Palocci, advirtió hoy, pocas horas antes de que los jueces decidan sobre su adhesión a la huelga de los empleados públicos contra la reforma jubilatoria, que la protesta es "inconstitucional".

La decisión de sumarse o no a esa medida de fuerza será tomada esta tarde por los 16.900 jueces que hay en todo el país, de los cuales 3.200 trabajan en la justicia laboral, 12.500 son funcionarios estaduales y 1.200, federales.

Los judiciales federales se manifestaron a favor de que continúe el "lobby" en el Congreso con el fin de reducir los alcances de las reformas propuestas por el ejecutivo.

"Yo no creo que los jueces se atrevan a hacer un acto que es inconstitucional. Ellos se pueden manifestar y presentar sus reivindicaciones en cualquier situación", expresó el ministro en una entrevista a la red Globo de televisión.

Divididos, los jueces deciden en la tarde de hoy si se suman a la huelga de los empleados públicos, que hoy entró en su décimo segundo día, en rechazo del proyecto de reformas previsionales que impulsa el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"El gobierno tiene una posición muy clara: no negociamos aquello que es fundamental en la reforma, como el cambio a un nuevo sistema previsional" para los empleados que se incorporen en el futuro al sector público, afirmó Palocci.

La Central Unica de Trabajadores (CUT), que también advirtió sobre la posibilidad de sumarse a la protesta de empleados públicos, continúa la consulta con sus bases tras la reunión del viernes con el presidente, al que no logró convencer para que desista de sus reformas.

Un 50 por ciento de los trabajadores estatales adhieren a la huelga de los empleados públicos en todo el país.

El proyecto del gobierno mantiene las prerrogativas de los miembros actuales del poder judicial, pero las recorta significativamente para quienes ingresen una vez aprobada la reforma previsional, lo que ahorrará al país 16.000 millones de dólares por año, según el gobierno.

Por ejemplo, los futuros empleados del sector público ya no podrán jubilarse con el último sueldo recibido sino que tendrán un tope en sus jubilaciones de 830 dólares.

Además, las jubilaciones de los nuevos empleados públicos ya no se reajustarán de acuerdo con los aumentos de salarios de los estatales en actividad.