Washington (EFE, AFP) - El presidente George W. Bush sufrió ayer un severo revés en su política antiterrorista, cuando un fallo judicial lo obligó a reconocer los derechos de un «combatiente enemigo» detenido en Estados Unidos.
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Una corte federal de apelaciones dictaminó que el mandatario no tiene la facultad para mantener indefinidamente detenido al presunto terrorista Ali al-Marri, el único «combatiente enemigo» prisionero en el país.
«Aun asumiendo la verdad de las acusaciones del gobierno, el presidente carece de poder para ordenar a los militares que capturen y retengan indefinidamente a Al-Marri», dictaminó la corte. «Esto no significa que Al-Marri deba ser liberado», aseguró el fallo, agregando que el acusado podría enfrentar cargos criminales civiles o ser deportado.
Visa de estudiante
Al-Marri arribó a los EE.UU. el 10 de setiembre de 2001 con una visa de estudiante junto a su mujer y cinco hijos. A los tres meses de su llegada fue arrestado por presunto fraude con una tarjeta de crédito. Poco después, el gobierno lo declaró en 2003 «enemigo combatiente» y ordenó su traslado a una prisión militar en Carolina del Sur. Según las autoridades, Al-Marri habría sido entrenado en los campos de Al-Qaeda en Afganistán y le habría manifestado a Osama bin Laden su intención de llevar a cabo una misión suicida a mediados de 2001.
El sospechoso recurrió a la Justicia federal para cuestionar su detención, recurso que el gobierno pidió que sea rechazado, invocando una ley dictada en 2006 sobre el tratamiento a presuntos terroristas detenidos en la base de Guantánamo, Cuba, que entre otras cosas les prohíbe apelar a la Justicia civil antes de haber sido juzgados por un tribunal militar.
Respuesta
Sin embargo, el tribunal federal de apelaciones de Richmond, considerado uno de los más conservadores del país, respondió que «la nueva ley no se aplica a Ali al-Marri», quien está en territorio estadounidense. Al-Marri podría, sin embargo, enfrentar cargos criminales en una corte civil.
El fiscal general (secretario de Justicia) Alberto Gonzales reaccionó con cautela a la decisión judicial. «Estaremos obviamente revisando cuidadosamente la decisión», dijo.
El funcionario atraviesa un difícil momento político. Anoche, los republicanos lograron bloquear en el Senado un «voto de censura» promovido por la oposición demócrata contra el cuestionado fiscal, quien cuenta con el apoyo de Bush.
Gonzales fue sometido a una avalancha de pedidos para su dimisión por la remoción a fines de 2006 de ocho fiscales, algunos encargados de investigaciones muy delicadas para la Casa Blanca, una medida legal pero contraria a la tradición de EE.UU.
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