La Corte de EE.UU. revisará legalidad de tribunales militares

Washington (AFP, EFE, ANSA, LF) - La Corte Suprema de Estados Unidos anunció ayer que examinará la legalidad de los tribunales militares encargados de juzgar a detenidos en el marco de la guerra contra el terrorismo, tras la apelación del ex chofer de Osama bin Laden, Salim Ahmed Hamdan, detenido desde 2002 en la base de Guantánamo (Cuba).

La Corte Suprema, que no explicó la fundamentación de su decisión, prevé analizar el asunto a principios del año que viene.

El yemenita Salim Ahmed Hamdan, quien ignora su fecha de nacimiento y supone que tiene alrededor de 35 años, está detenido en Guantánamo desde principios de 2002. Fue el primer prisionero designado por las autoridades militares estadounidenses para ser juzgado por una «comisión militar», un tribunal de excepción creado específicamente para juzgar a 15 detenidos en la base naval.

La Corte Federal de Apelaciones de Washington le había otorgado el 15 de julio un triunfo a la administración de George W. Bush al fallar en favor de los tribunales militares de excepción en Guantánamo, muy criticados por numerosos juristas.

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Un panel de tres jueces federales, entre ellos John Roberts, convertido luego en presidente de la Corte Suprema, se basó sobre todo en una resolución del Congreso, promulgada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 y que otorga a la administración amplios poderes en materia de lucha antiterrorista para validar la legalidad de los tribunales de excepción.

A causa de su participación en el fallo de la Corte de Apelaciones, Roberts deberá excusarse ahora en el caso Hamdan.

En tanto, Bush defendió ayer desde Panamá, donde se encontraba de visita, la política de su administración contra el terrorismo y aseguró que «no torturamos».

«Cualquier actividad que emprendamos (contra los terroristas) está dentro de la ley. Nosotros no torturamos», afirmó el presidente en un intento de tranquilizar a sus ciudadanos ante las denuncias más recientes de malos tratos a los presos en la guerra contra el terrorismo. Bush tiene ante sí una situación delicada: el fallo de ayer de la Corte se sumó a la noticia conocida la semana pasada sobre la existencia de prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Europa del Este y Asia. Además, tiene pendiente en el Capitolio la legislación contra la tortura de detenidos en el extranjero que ha aprobado el Senado y que la Casa Blanca trata de conseguir que exima, precisamente, a la CIA.

«Buscamos a los terroristas y los llevamos ante la Justicia. Recolectamos información sobre dónde pueden esconderse. Intentamos abortar sus planes y sus conspiraciones. Cualquier cosa que hagamos con ese fin, cualquier actividad que llevemos a cabo está dentro de la ley», insistió el presidente.