La Corte Suprema brasileña ratificó la amnistía a militares y represores de la dictadura

El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil ratificó la vigencia de la Ley de Amnistía sancionada en 1979, durante la última dictadura, y denegó una demanda para revisar la norma y abrir investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en ese período.

La influyente Orden de Abogados de Brasil (OAB) había presentado una demanda reclamando que se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, por entender que esta norma contradice tratados internacionales incorporados a la carta magna.

Cinco magistrados votaron contra la reinterpretación de la ley y dos a favor de su revisión, mientras dos aún no se habían pronunciado, informó el diario O Estado de Sao Paulo en su sitio web.

La sesión del STF se inició el miércoles, cuando el relator del caso, el ministro Eros Grau, quien estuvo preso durante el régimen militar que se extendió entre 1964 y 1985, se pronunció a favor del mantenimiento de la vigencia de la Ley de Amnistía.

El jueves, al reanudarse las deliberaciones, la ministra Carmen Lucia se manifestó también a favor de la vigencia de la ley, sancionada en 1979 por el presidente de facto Joao Baptista de Figueiredo, al argumentar que ese norma "es fruto de un acuerdo" y "fue el primer paso formal resultado de la participación de la sociedad civil".

En cambio, los jueces Ricardo Lewandowski y Carlos Aires Britto, se pronunciaron por la revisión de los alcances de la amnistía.

Militantes de organizaciones humanitarias protestaron ante la sede del STF, en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, frente al Palacio del Planalto, sede presidencial.

El gobierno de Brasil se había pronunciado contra la derogación de la Ley de Amnistía durante los alegatos del abogado general de la Unión, Luis Adams, y el procurador general de la República, Roberto Gugel, ante el STF.

Adams sostuvo que la norma que permitió la apertura política y el regreso de los exiliados y los perseguidos políticos fue "un acto de clemencia".

Subrayó que "reconocer la constitucionalidad de la Ley de Amnistía es distinto a compartir que se hayan cometido delitos", porque "amnistía es un acto político de clemencia" y la que resultó de dicha ley "fue amplia, general e irrestricta".

En tanto, Gugel sostuvo que la sanción de la Ley de Amnistía fue producto de "un largo debate nacional" y que gracias a ella "la sociedad se articuló y marcó en la historia del país una lucha por la democracia pacífica y armónica".

Contrariamente, el representante de la OAB, Fabio Konder Comparado, dijo al alegar ante el tribunal que la eventual decisión de revisar la Ley de Amnistía serviría para "recomponer el Estado brasileño en la posición de dignidad en el concierto de las naciones y recuperar la honorabilidad de las Fuerzas Armadas".

Pocos días antes, la OAB había advertido en un comunicado que si el STF considerara -como sucedió- que la Ley de Amnistía debía seguir vigente, eso "significará el no cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Brasil ante Naciones Unidas y con ello, la banalización de la tortura".

El tema de la Ley de Amnistía, el primero que debió tratar el STF bajo la presidencia de Cézar Peluso, causó divisiones en el gobierno del presidente Luiz Lula da Silva.

Por un lado, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, afirmó que revisar la ley hubiera sido una "decisión revanchista" que abriría "heridas del pasado".

Por el otro, el secretario de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, consideró "imprescindible" que se investigaran los crímenes de la dictadura y sostuvo que eso contribuiría a mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas.

Ningún acusado por torturas, secuestros, desapariciones y muertes durante la dictadura fue juzgado o sancionado.