La Paz (EFE, LF) - La oposición política a Evo Morales afirmó ayer que el decreto de nacionalización de los hidrocarburos tiene vacíos jurídicos que hacen precaria la postura de Bolivia en un eventual juicio internacional, además de denunciar que la intención del gobierno fue meramente política de cara a la próxima Asamblea Constituyente.
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La alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos) y el partido centrista Unidad Nacional (UN) advirtieron sobre los riesgos del aparente oportunismo de la medida, que se produce a falta de dos meses para la elección de los 255 constituyentes.
El ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga (2001-2002), líder de Podemos, tildó el decreto de «electoral» y alejado de una «política de hidrocarburos integral», que expone «la relación bilateral con Brasil, que es la relación más importante que tenemos».
El jefe de UN, el empresario Samuel Doria Medina, coincidió en que la principal preocupación se centra en la relación con Petrobras, la más perjudicada por la nacionalización, debido a los tributos adicionales creados y a la expropiación de dos refinerías. «¿Qué pasará con nuestro principal socio, que es el gobierno brasileño y Petrobras? ¿Aceptará ser socio minoritario y entregar 82% de su producción a Bolivia?», preguntó.
El portavoz de su partido, Hernán Paredes, agregó que las dudas acerca de la viabilidad del proceso afloran porque el decreto «se mezcla con una campaña en la Constituyente». La asamblea debe comenzar a reunirse el próximo 6 de agosto, en la ciudad de Sucre, escenario donde Morales pretende refundar Bolivia cambiando el «régimen neoliberal» de esta nación andina, la más pobre de Sudamérica.
Una de las principales observaciones de la oposición es que el decreto carece de respaldo legal para defender la nacionalización en la Justicia nacional o internacional. También existen críticas por la supuesta falta de predisposición del gobierno a elevar el texto a la categoría de ley para evitar demandas contra la suba de tributos que se aplicará a los megacampos San Alberto y Sábalo, en el departamento sureño de Tarija y de donde sale 70% del gas que se exporta a Brasil.
Inconstitucional
El senador Carlos Borth, de Podemos, sostuvo que «eso es inconstitucional y antes de que el decreto sea demandado tendría que ser subsanado por una ley, porque no se crean impuestos con decretos».
Con la aplicación del nuevo gravamen, Petrobras reducirá sus ganancias en más de 1.000 millones de dólares en un plazo de entre 10 y 15 años.
La oposición también ha llamado la atención sobre la ilegalidad que supone la confiscación por parte del Estado de las acciones de los bolivianos en un depósito colectivo gestionado por las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ese fondo, controlado por el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el suizo Zurich Financial Service, y cuyas acciones están valoradas en cerca de 700 millones de dólares, ha sido transferido a YPFB.
El conservador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), advirtió que esta medida afectará el pago del Bonosol, una renta anual vitalicia, que se abona a los bolivianos mayores de 65 años con las utilidades que genera el depósito.
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