Bolsonaro lo hizo: después de más de 6 años y medio de agitación, puso fin a la operación Lava Jato

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Así lo decidió el procurador general, Augusto Aras. Se extingue la fuerza de tareas que condenó -con polémicas- a Lula da Silva y a otras 173 personas, entre ellas empresarios y otros políticos relevantes, y que modificó de raíz el sistema institucional de ese país. ¿Agotamiento natural del proceso o pacto de impunidad?

“Es un orgullo, una satisfacción que tengo, decirle a esa prensa maravillosa que no pretendo terminar con la (operación) Lava Jato. Yo ya terminé con la Lava Jato porque no hay corrupción en mi Gobierno”. Eso dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no sin un dejo de ironía destinado a los aborrecidos periodistas, el 7 de octubre del año pasado durante un acto en el Palacio del Planalto. De acuerdo con la información hecha oficial ayer, esto es la extinción formal de la fuerza de tareas que puso patas para arriba el sistema político brasileño desde los tribunales de Curitiba -estado de Paraná, sur-, el hombre pasó de lo figurado a lo literal.

La estocada final le correspondió al procurador general, Augusto Aras, designado por el mandatario en septiembre de 2019 y quien se justificó por el exceso de gastos que significaba el mantenimiento de fiscales especiales.

El Ministerio Público de Curitiba dijo ayer que “el equipo especial de Paraná deja de existir” y que algunos de sus integrantes serán absorbidos por el Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), dependiente de la Procuración General de la República.

El fin de la Lava Jato (“lavadero de autos”), iniciada en marzo de 2014, llega justo después de que Bolsonaro ampliara su base de sustentación en el Congreso con el apoyo del llamado centrão, el conglomerado de pequeños partidos conservadores vinculados a lo peor de la política brasileña y que terminaron como aliados de todos los gobiernos. Con esa movida, el presidente se blinda de un posible juicio político cuando su popularidad cayó a niveles cercanos al 30% debido a su irritante (des)manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, que incluyó la minimización del peligro, la falta pertinaz de una política federal de prevención, roces con los estados que sí las pusieron en marcha, desafíos personales a cualquier idea de distanciamiento, estímulo al uso de drogas no probadas y, más recientemente, posturas antivacunas.

Esa alianza invertebrada y persistente vende caros sus favores, algo que pronto se traduciría en una reforma de gabinete. ¿Pidió algo más? ¿Un pacto de impunidad, acaso?

Creomar de Souza, analista político y fundador de Dharma Political Risk and Strategy, una consultora riesgo político con sede en Brasília, le dijo a Ámbito que “el fin de la Lava Jato se explica por dos motivos principales. Por un lado, las fuerzas políticas y sociales que fueron su soporte hoy son más débiles que hace algunos años. Por el otro, nombres muy importantes de la misma, como (el exjuez y exministro de Justicia de Bolsonaro) Sergio Moro y (el fiscal) Deltan Dallagnol, han sufrido varios reveses desde que se descubrió que sus acciones no siempre siguieron las pautas éticas esperadas”. La referencia apunta al sesgo político, especialmente en contra de Luiz Inácio Lula da Silva, la víctima judicial y política más notoria de la operación, descubierto tras la revelación de unos chats bastante elocuentes al respecto.

“El horizonte es incierto en lo que respecta al combate a la corrupción en Brasil” a partir de ahora, añadió el analista.

El caso de Moro es elocuente. Su nombramiento como ministro en el inicio de la gestión de Bolsonaro fue muy cuestionado por los críticos de la Lava Jato, quienes encontraron en él una confirmación de que la operación fue intencionalmente funcional al hundimiento de la izquierda. Sin embargo, aquel terminó eyectado tras 17 meses para espanto de la base social lavajatista que apoyó inicialmente a Bolsonaro. No parece claro hoy que su destino sea la presidencia con la que tanto fantaseó.

Es difícil probar la existencia de un pacto de impunidad, pero no lo es decir que la lucha contra corrupción salió de la agenda del Gobierno, sobre todo desde su matrimonio reciente con el oloroso centrão.

Si bien buena parte de lo que esa operación ventiló fue cierto –la existencia de una corrupción sistémica y de larga duración en la política brasileña–, también lo es que, según dijo el propio Moro en un artículo publicado en una revista jurídica en 2004 (https://www.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf), su objetivo final era dar vuelta como una media el sistema político. Eso se realizó en base a una jurisprudencia nueva y violatoria del debido proceso, basada en la generalización de la prisión preventiva, la ejecución de penas sin sentencia firme y el abuso de la figura del arrepentido. La izquierda fue un blanco predilecto, todo con el aval de tribunales superiores presionadas por sectores medios presas de pánico moral.

Marcelo Perboni, un empresario acusado en su momento de fraude tributario, dio el lunes a la noche una fiesta para unas 300 personas en su mansión de la zona de Lago Sur, la más rica de Brasilia, para celebrar el nombramiento de Arthur Lira, hombre clave del centrão, como presidente de la Cámara de Diputados. Este tendrá en sus manos una de las llaves de la agenda legislativa -la otra, claro, será de su par del Senado, Rodrigo Pacheco- y el poder de aceptar o rechazar in limine cualquier pedido de impeachment contra el presidente.

Muchos de los invitados tienen cuentas pendientes con la Justicia, pero el nuevo clima los puso tan felices que se juntaron a comer, a beber y a rosquear sin preocupación, distanciamiento ni barbijos. Uno de los presentes fue el secretario de Gobierno, general Luiz Eduardo Ramos, dueño de una enorme caja para negociar con los aliados en el Congreso.

La Lava Jato termina, pero no sus efectos. Lula da Silva pasó 510 días preso antes de que existiera sentencia firme en su contra y quedó fuera de la carrera electoral que terminó ganando Bolsonaro. Moro y otros son investigados ahora por parcialidad en la causa que le valió la primera condena, la que está pendiente de un recurso de nulidad.

Además, otros 173 personajes poderosos recibieron condenas, varios de ellos, pesos pesados del PT. También se recuperaron para el erario público 4.300 millones de reales –unos 800 millones de dólares– y gigantes de la construcción como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa sufrieron golpes terminales, empetrolados en contratos espurios con Petrobras.

Todo eso es relevante, pero acaso lo sea más el modo en que cambió Brasil en lo político, donde, acaso más para mal que para bien –porque es dudoso que ciertas prácticas hayan desaparecido–, ya nada será como fue.

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