Los gobernadores amenazan ahora reforma de Lula

Brasilia (EFE, ANSA) - Un día después de que los jueces estaduales y laborales anunciaran una huelga sin precedentes para agosto, la posición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, en defensa de su proyecto de reforma previsional se deterioró ayer al sumarse a la protesta los fiscales y los empleados del Banco Central y al sufrir fuertes presiones de los gobernadores, quienes condicionan ahora su apoyo al plan al giro de mayores recursos desde la Unión.

Lula, que antes aseguraba que «nada cambiaría» en su proyecto, ha pedido a los gobernadores de los 27 estados del país que lo ayuden a convencer a los jueces de declinar de la huelga. Pero este apoyo parece ahora más difícil dado que los gobernadores reclaman que se les destine mayores recursos financieros, estimados en más de 1.000 millones de dólares anuales.

«Esperemos que el presidente Lula resuelva esto de una vez. Vamos a colocar nuestros argumentos de manera tan contundente que queremos oír una respuesta definitiva», dijo el gobernador de Goiás, Marconi Perillo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Cinco gobernadores que representan a los 27 jefes provinciales se reunieron ayer con el jefe de la Casa Civil, José Dirceu, y el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, pero se mostraron descontentos con el resultado.

«Este partido terminó cero a cero. Esperamos ganar el partido con un gol de oro en el encuentro con el presidente Lula, con quien ya habíamos llegado a un acuerdo en este tema», sostuvo el ascendente gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves, también del PSDB.

En concreto, los gobernadores quieren que 0,08% de la alícuota de 0,38% del impuesto al cheque quede en poder de los estados y otro 0,02%, en los municipios. También aspiran a obtener 25% de un impuesto que incide en el precio de los combustibles y que genera ingresos equivalentes a 2.600 millones de dólares. Hasta ahora, la recaudación por esos dos tributos va íntegramente al tesoro nacional. Los gobernadores también solicitan una rigidez menor en la ejecución de sus presupuestos.

Pero Palocci les contestó que el Estado nacional no puede resignar recursos y que «es necesario que se cumpla al pie de la letra la ley que regula la ejecución de los presupuestos provinciales», según dijo luego a la prensa.

El presidente Lula Da Silva y los 27 gobernadores firmaron en abril un pacto por el cual acordaron los proyectos para realizar las reformas tributaria y previsional, consideradas clave para recuperar la confianza de los inversores e incentivar la reactivación económica. Pero luego el gobierno cedió a las presiones de la Justicia y modificó en parte su proyecto de reforma del sistema jubilatorio.

En tanto, los empleados del Banco Central paralizaron ayer sus labores por 24 horas. Mientras, los fiscales del Ministerio Público decidieron ayer plegarse al paro entre el 5 y el 12 de agosto, igual que los jueces estaduales y laborales, en protesta contra la reforma previsional.

Los fiscales protestarán especialmente contra dos puntos de la propuesta de reforma de previsión social: la falta de garantía de paridad entre los salarios pasivos y activos para los futuros miembros del Ministerio Público y el subtecho fijado en 75% del salario de los procuradores del Supremo Tribunal Federal, según explicó el presidente de la asociación, Marfan Martins Vieira.

Vieira sostuvo también que el paro de actividades no es «ilegal», porque el derecho a la huelga en el servicio público «aún no fue reglamentado», y que durante la huelga del MP serán mantenidas las actividades esenciales para atender urgencias.

La huelga de los empleados públicos, según sus organizadores, ya cuenta con el apoyo de casi 60% de los 900.000 funcionarios que existen en Brasil. Pese a las protestas, el gobierno sostiene que esa reforma es necesaria para evitar la bancarrota del sistema de previsión social, cuyo déficit llegaría este año a 18.300 millones de dólares.