Los puntos más calientes de la nueva negociación

Bruselas - Varios puntos de fricción podrían ralentizar o incluso hacer descarrilar las futuras discusiones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido sobre un acuerdo global posterior al brexit, que debe alcanzarse antes de fin de año:

Una condición fuerte puesta por la UE es un acuerdo sobre la pesca. Para ocho países del bloque, especialmente Francia y Dinamarca, mantener el acceso a las aguas territoriales británicas es indispensable para sus pescadores. Pero eso podría chocar con la postura de Londres. “El Reino Unido se convertirá en un Estado costero independiente a fines de 2020 y cualquier acuerdo debe reflejar esta realidad”, dijo ayer una declaración.

El acceso al mercado europeo de los servicios financieros británicos constituye una de las monedas de cambio de los europeos, máxime cuando este sector es importante para el Reino Unido y su City.

Las empresas británicas perderán el “pasaporte” que les permitía estar activas en la Europa continental. En su lugar, deberán obtener de la UE una “equivalencia” a través de “una decisión unilateral de la Comisión”, recordó un funcionario comunitario. El Reino Unido parece dispuesto a aceptar algunas concesiones para acceder al mercado europeo y desea incluso “reforzar” la “cooperación en materia de reglamentación y de vigilancia”.

La UE reclama al Reino Unido “un nivel elevado de protección de datos de carácter personal” y, por tanto, el “pleno respeto de las reglas” del bloque.

“Trabajar sobre la seguridad interior con los británicos exige intercambios de datos y, sobre todo, de datos personales, en ocasiones muy personales”, aseguró el negociador Michel Barnier.

La UE teme que Londres desregule rápidamente su economía y socave la europea, por lo que considera indispensable “compromisos sólidos para garantizar condiciones de competencia justas”. En el punto de mira se encuentran las ayudas de Estado, la competencia, las empresas públicas, las normas sociales y laborales, las normas medioambientales, el cambio climático y los asuntos fiscales.

Sobre las ayudas de Estado, la UE pide que las reglas europeas se apliquen en el Reino Unido y la creación de “una autoridad de control independiente” en “estrecha colaboración” con la Comisión, lo que choca con la posición británica.

Bruselas quiere poner en marcha, como en cada acuerdo comercial, un mecanismo de resolución de diferendos, en caso de que alguna de las partes no respete sus compromisos. Un “panel independiente”, cuyas decisiones serían de obligado cumplimiento, se encargaría de solucionar las disputas y podría imponer sanciones financieras o incluso suspender el acuerdo. Sin embargo, para la Comisión, el Tribunal de Justicia de la UE debe también poder pronunciarse sobre cuestiones de interpretación del derecho comunitario, en decisiones vinculantes. Esta demanda supone una línea roja para Londres que reclama un mecanismo que refleje una “relación de igual a igual”.