No descartan que la policía fomente la ola de violencia en Bahía

El Departamento Penitenciario Nacional (Depen) ya recibió la orden para hacer las previsiones para alojar, si hiciera falta, a los efectivos que delincan mientras se realiza este reclamo.

Un total de 59 muertos, entre ellos un policía ejecutado con 15 balazos, es el saldo parcial de la ola de criminalidad que se desató en el contexto de la huelga que lleva adelante desde este martes la Policía Militar en Salvador de Bahía, noreste de Brasil, informó la Policía Civil.

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jaques Wagner, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), dijo que cree que hay policías huelguistas involucrados en los actos delictivos, y que el objetivo de los mismos es hacer caer el gobierno provincial.

"Parte de los delitos puede ser parte de la operación montada (por los huelguistas) que intentan crear un clima de desesperación en la población para hacer sucumbir al gobierno, en un intento de guerra psicológica como ocurrió recientemente en otros estados, como Maranhao y Ceará", dijo Wagner, en alusión a las huelgas policiales acompañadas de actos delictivos ocurridas en esos estados semanas atrás.

"No tengo dudas de que parte de todo esto está siendo cometido por orden de los delincuentes que se autoproclaman líderes del movimiento (sindical)", añadió.

El agente policial abatido a sus 48 años fue ejecutado cuando estaba en su automóvil. Su arma le fue robada. Aún se desconoce cuántas personas participaron en el homicidio y tampoco hay sospechosos hasta el momento.

El ministro de Justicia del Brasil, José Eduardo Cardozo, viajó a Bahía por orden de la presidenta Dilma Rousseff para interiorizarse del conflicto e informó que los policías en huelga que cometan crímenes serán alojados en penitenciarías federales, según lo solicitó el gobierno del estado de Bahía.

A tal fin, añadió, el Departamento Penitenciario Nacional (Depen) ya recibió la orden para hacer las previsiones para alojar, si hiciera falta, a los efectivos que delincan mientras se realiza este reclamo.

De las 59 muertes, 30 se registraron entre el viernes y sábado, y se produjeron en el marco de una huelga en demanda de aumento salarial a la que se adhirieron cerca de un tercio de los 31.000 efectivos del cuerpo de policía militarizada de Bahía.

El paro fue impulsado por la Asociación de Policías y Bomberos del Estado de Bahía (ASPRA), entidad que no es reconocida por las autoridades estatales como representante de los agentes.

Desde el comienzo de la huelga hasta este sábado, la capital provincial en la que viven más de dos millones y medio de habitantes está sumida en una creciente ola de criminalidad que además de las muertes provocó gran cantidad de saqueos a comercios y asaltos.

En el interior del estado fueron registrados varios ataques a tiros contra comercios, entre ellos dos agencias bancarias, una tienda de ropa, una clínica médica y una filial de la TV Globo.

La huelga fue declarada ilegal por el juez Ruy Almeida Brito, pero los agentes desobedecieron el mandato judicial que ordena la reanudación inmediata de las actividades.

Para contener la violencia y restablecer el orden, el gobierno federal envió este viernes centenas de efectivos del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad a patrullar las calles con metralletas y fusiles.

El ministro Cardozo informó que está previsto enviar a "más de 3.000 hombres de las Fuerzas Armadas para darle tranquilidad al pueblo bahiano y para hacer que prevalezca el Estado de Derecho".

Se trata, destacó el ministro, "del mayor contingente de fuerzas federales utilizados en operaciones similares en el país".

Cardozo, citado por la estatal Agencia Brasil, señaló además que los delitos perpetrados durante la paralización configurarán delito federal, en virtud al decreto de situación de Garantía de la Ley y del Orden, ordenado por Rousseff.

Agregó que la Policía Federal "está instruida para hacer con que las transgresiones de la ley sean investigadas y castigadas con el máximo rigor".

El ministro llegó a Salvador acompañado por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general José Carlos De Nardi, y la secretaria nacional de Seguridad Pública (Senasp), Regina Miki, informó que ya fueron creados cupos en las cárceles nacionales de máxima seguridad para recibir a los líderes de la huelga, contra quienes se ha expedido la orden de prisión.