El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles la extradición a Brasil de cinco ciudadanos condenados por la Corte Suprema de ese país por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, tras la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ordenaron la extradición a Brasil de cinco condenados por el intento de golpe de Estado de 2023
Los imputados, sentenciados en su país a penas de entre 13 y 17 años, habían sido detenidos en Argentina tras fugarse de la Justicia brasileña. El fallo es apelable ante la Corte Suprema.
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El juez federal Daniel Rafecas ordenó la extradición de cinco ciudadanos brasileños condenados por los hechos del 8 de enero de 2023.
La resolución fue emitida al término del juicio oral celebrado en los tribunales de Comodoro Py y alcanza a Joelton Gusmao de Oliveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos permanecían detenidos en la Argentina luego de haber ingresado al país en condición de prófugos.
La causa está conectada con el proceso en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión domiciliaria por conspiración e intento de impedir la asunción de Lula. Bolsonaro cumple esa modalidad desde agosto, debido a su edad, secuelas de la puñalada sufrida en 2018 y un reciente diagnóstico de cáncer de piel.
Los imputados pueden apelar la decisión del juez Rafecas
Los cinco fueron sentenciados en Brasil a penas que van de los 13 a los 17 años de prisión, en el marco de la causa que investigó los ataques a los edificios de los tres poderes del Estado brasilero ocurridos el 8 de enero de 2023.
Según fuentes judiciales, los imputados habían iniciado en la Argentina trámites de solicitud de refugio, procedimientos que siguen abiertos y aún no fueron resueltos. No obstante, este pedido no impide que el expediente de extradición avance hasta su etapa final.
La decisión del juez Rafecas quedó ahora en condiciones de ser apelada directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra en torno al traslado de los acusados.
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