Otro revés judicial para Lula: la Justicia rechazó apelación para revisar sentencia
-
Venezuela: la ONU comenzó una investigación por fraude electoral
-
Crisis en Corea del Sur: el presidente levantó la ley marcial
Los embargos de los embargos de declaración eran el último recurso posible ante esta instancia.
El mítico líder de la izquierda internacional se entregó a la Policía Federal el 7 de abril, dos días después de que el juez Moro, tras autorización de la segunda instancia, emitiera una orden de detención en su contra.
Desde entonces, Lula cumple condena en la sede de la Policía Federal en Curitiba, en el sur de Brasil.
Esta tarde, su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) divulgó "un recado" (mensaje) del exmandatario a los militantes de esa fuerza, en el que les dice que "por ustedes valió la pena nacer y por ustedes valdrá la pena morir".
"Ustedes son mi grito de libertad todos los días. Si no hubiera hecho nada de mi vida, pero contara apenas con la amistad de ustedes, ya me sentiría realizado. Por ustedes valió la pena nacer y por ustedes valdrá la pena morir", dijo Lula.
En otro tramo de la misiva, reiteró: "Sigo creyendo en la justicia y por eso estoy tranquilo, pero indignado como todo inocente cuando es víctima de injusticia".
La defensa del exmandatario aún puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF), instancias superiores de la justicia brasileña.
Por la ley brasileña, Lula, que es precandidato para las elecciones presidenciales de octubre, sería inelegible por tener una condena firme en segunda instancia. Sin embargo, la palabra final tiene que ser emitida por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El plazo oficial para inscripción de candidaturas termina el 15 de agosto y la justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para pronunciarse sobre su postulación, en el caso de que sea oficializada. Las elecciones son el 7 de octubre.
Lula enfrenta otros seis casos ante la justicia brasileña. Niega todas las acusaciones y afirma que se trata de una acción política para impedirle de participar en las presidenciales que, según la más reciente encuesta de Datafolha, lidera con 31% de intención de voto.
Dejá tu comentario