Pakistán: ya son 500 los arrestados por el estado de emergencia

Tras declarar ayer el estado de excepción en Pakistán, el régimen de Pervez Musharraf emprendió una ola de arrestos que han afectado a decenas de líderes políticos y activistas y varios ex altos cargos oficiales.

Unas 500 personas fueron detenidas en Pakistán en una operación lanzada después de que se instaurase el estado de excepción, afirmó el primer ministro, Shaukat Aziz.

Varios activistas de la opositora Liga Musulmana de Pakistán (N) fueron arrestados en la ciudad de Multan (este) por las fuerzas de seguridad, entre ellos el presidente en funciones de la formación, Javed Hashmi.

Poco antes de su detención, Hashmi había denunciado ante un grupo de periodistas que Musharraf había avasallado el poder Judicial "para salvar su propio poder ilegítimo".

La Liga Musulmana de Pakistán (N) está liderada desde el exilio por el ex primer ministro Nawaz Sharif, que ayer desde Dubai calificó el estado de excepción de "inconstitucional".

Los arrestos también afectaron a otros partidos, entre ellos la formación opositora Teehrik-e-Insaf -cuyo líder, Imran Khan, fue uno de los primeros en anunciar anoche a la prensa que se encontraba bajo detención domiciliaria-, y a representantes judiciales, como el presidente de la Asociación de Magistrados del Supremo En la lista de detenidos está también el que fuera jefe de los todopoderosos servicios secretos paquistaníes (ISI) durante el primer gobierno de Benazir Bhutto (1988-1990), Hamid Gul, conocido por algunas polémicas declaraciones extremistas y por sus duras críticas a la política de EEEUU.

Según la página web del canal Geo TV, Gul fue arrestado durante un acto público en el que denunció que el actual estado no es de excepción, como afirma el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, sino de "ley marcial".

"Un hombre ha hipotecado el país para salvar su mandato", criticó Gul, citado por Geo TV, antes de ser introducido por la fuerza en una furgoneta policial.

Los arrestos políticos se han repetido distintas ciudades del país, entre ellas Islamabad, Karachi, Peshawar, Quetta y Lahore, ciudad esta última donde, según algunos medios, habrían sido detenidos unos treinta activistas.

De forma simultánea a estas redadas, la Policía irrumpió en las oficinas de la cadena de televisión privada AAJ en Islamabad con el fin de requisar su equipamiento, indicó una fuente del canal, mientras que periodistas de la también privada Geo TV denunciaban el bloqueo de sus líneas telefónicas.

La emisión de los canales privados de noticias de Pakistán está interrumpida desde ayer, lo que ha convertido las páginas web de televisiones y periódicos en la única fuente de información independiente para muchos sobre la situación en el país.

Pese a estas medidas, las principales ciudades de Pakistán presentaban un aspecto de relativa normalidad, con los comercios abiertos y los transportes funcionando.

En Islamabad, sin embargo, se podía ver una fuerte presencia policial en varios puntos clave de la ciudad, como los alrededores del Parlamento y de la sede del Tribunal Supremo, cuyo acceso fue bloqueado.

La declaración del estado de emergencia fue hoy duramente criticada por los medios impresos, que la calificaron de "draconiana" y de un "segundo golpe" de Musharraf (tras el que dio en 1999 para alcanzar el poder), así como por los distintos partidos de la oposición.

La opositora alianza islamista Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) definió la orden de Musharraf de "asalto a la democracia", aunque instó a la población a mantener la calma mientras se analiza la situación.

La ex primera ministra Benazir Bhutto, que ayer regresó apresuradamente a Karachi (sur) desde Dubai tras conocer el estado de excepción, también criticó ante los periodistas la decisión de Musharraf y la consideró en la práctica una "mini ley marcial".

En medio de esta situación, el viceministro de Información, Tariq Azeem, confirmó que el calendario de las elecciones legislativas programadas en principio para el próximo enero ha quedado en suspenso.

Musharraf declaró el estado de excepción alegando el aumento de la violencia extremista y la "interferencia" del poder judicial en la política del Gobierno, pero la oposición considera que lo ha hecho para evitar un veredicto del Supremo que podía invalidar su reciente reelección como presidente.