Paraguay: condenas leves para los acusados por la tragedia del súper

Los familiares de las víctimas pusieron sillas frente al tribunal en homenaje a los muertos en 2004.

Asunción (DPA).- Un Tribunal de Sentencia de Paraguay condenó ayer a penas de entre 2 y 12 años de prisión a los principales responsables del incendio del supermercado Ycuá Bolaños de Asunción el 1 de agosto de 2004, que dejó 327 muertos y más de 300 heridos.

El Tribunal, integrado por los jueces Germán Torres, Bibiana Benítez y Blas Cabriza, consideró que en el proceso se probaron los delitos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa acabada y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso.

El principal accionista del supermercado Ycuá Bolaños, Juan Pío Paiva, fue condenado a 12 años de prisión; su hijo Víctor Daniel a 10 años; el guardia de seguridad Daniel Areco a 5 años y un accionista que ocupaba el cargo de vicepresidente de la empresa, Humberto Casaccia, a 2 años y medio de cárcel.

Fueron absueltos en este proceso los accionistas María Victoria Cáceres de Paiva, Antolina Burgos de Casaccia y Agustín Alfonso. La Fiscalía pedía 25 años de prisión para todos los procesados.

Con la sentencia, que será apelada por la Fiscalía y los abogados querellantes, concluyó el juicio en primera instancia de los responsables de la mayor tragedia civil del país.

En un clima tenso, la lectura de la sentencia fue acompañada desde un parque cercano por alrededor de mil personas, entre víctimas, familiares, amigos y personas solidarias.

"Nos sentimos impotentes y no aceptamos este fallo que es una burla, una vergüenza por las bajas penas que se ha impuesto a los responsables de tantas muertes", dijo la principal dirigente de la Asociación de Víctimas y Familiares del Ycuá Bolaños, Liz Torres.

"Vamos a apelar y seguiremos luchando en las calles, con marchas y movilizaciones para que se haga justicia", agregó.

"Nuestros muertos están indignados", dijeron los familiares de los fallecidos y dieron vuelta unas 400 sillas vacías en representación de los muertos en el incendio, colocándolas de espaldas al edificio del Poder Judicial.

Tras conocerse la sentencia, los familiares de los fallecidos y las víctimas emprendieron una marcha hasta el "Museo de las Memorias", una ex dependencia del Ministerio del Interior de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, que fue derrocada el 2 de febrero de 1989.

"Creímos que hoy sería una fecha en la que estaríamos festejando el comienzo del fin de la impunidad en nuestro país, pero no fue así, hoy continúa igual porque el Poder Judicial es corrupto y criminal", dijo Federico Tatter, dirigente de una organización de familiares de detenidos y desaparecidos por causas políticas.

El domingo 1 de agosto de 2004, a las 11:25 de la mañana y cuando en el supermercado se encontraban unas 1000 personas, se produjeron dos grandes explosiones en la chimenea de la cocina del patio de comidas que continuaron con un gigantesco incendio.

Según informes de sobrevivientes, se inició una estampida hacia las salidas pero al llegar a las puertas, los compradores descubrieron que éstas se encontraban cerradas, por lo que no pudieron huir, quedando encerrados en una gran pira funeraria.

La prensa y las declaraciones vertidas durante el proceso criminal aseguraron que las puertas habían sido cerradas por órdenes de los propietarios del supermercado con el fin de no dejar que nadie saliera sin pagar.

Como resultado, y según los datos proporcionados ayer por el Tribunal de Sentencia, 327 personas murieron (la mitad de ellas niños) y unas 300 sufrieron heridas de diversa consideración. Además, hay ocho desaparecidos.

El juicio seguido contra el dueño de la cadena Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco, había culminado en primera instancia el martes 5 de diciembre de 2006, cuando, con los votos de dos de sus tres jueces, el Tribunal los condenó como responsables de "homicidio culposo" con una pena de 5 años de prisión. El Ministerio Público y los abogados querellantes habían solicitado 25 años por "homicidio doloso agravado".

Esta decisión provocó graves incidentes en la capital paraguaya, al considerarse que las penas eran muy bajas. Mientras el último juez leía los fundamentos de su decisión, las víctimas saltaron de sus asientos y tiraron sillas y otros objetos contra los magistrados, que decidieron suspender la lectura de la sentencia.

El juicio fue anulado y en setiembre del año pasado se inició el nuevo juicio, cuya primera instancia concluyó ayer.