Roma (ANSA, ANSA) - El Senado italiano aprobó ayer una nueva y controvertida ley sobre inmigración que endurece las condiciones de entrada y estadía de inmigrantes, facilita la expulsión de indocumentados y establece penas de prisión para infractores que vuelvan al país tras ser deportados.
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En tanto, la Cámara de Diputados abolió la prohibición constitucional para que retornen al país los varones descendientes de la casa real Saboya, un hecho que pasó inadvertido en medio de la polémica por la ley migratoria.
La ley Bossi-Fini -por los apellidos de sus principales promotores, el ministro de Reformas Umberto Bossi, jefe de la ex secesionista Liga Norte, y el vicepremier Gianfranco Fini, líder de la ex neofascista Alianza Nacional-, fue aprobada con 146 votos a favor, 89 en contra y 3 abstenciones.
Italia se coloca así en sintonía con la decisión de la Unión Europea (UE) que en la reciente cumbre de Sevilla aprobó una serie de medidas para combatir la inmigración.
En base a la nueva ley -impulsada con fuerza por el centroderecha y considerada racista por la oposición de centroizquierda-el permiso de permanencia es concedido sólo al extranjero que ya tiene un contrato de trabajo. Ese permiso, otorgado por las embajadas y consulados italianos en el exterior, tiene una duración de dos años, pero si el inmigrante se queda sin trabajo antes de que el permiso venza, deberá regresar a su país.
• Expulsión
El texto prevé además la expulsión inmediata de los inmigrantes clandestinos, la toma de las huellas digitales para los extranjeros que piden el permiso de estadía o su renovación, y el empleo de naves de la marina militar para el control de las costas a fin de frenar los desembarcos de indocumentados.
El decreto que establece las cuotas de inmigrantes admitidos cada año en el país se vuelve optativo, por lo cual puede ocurrir que en un cierto año el gobierno decida no hacer entrar a ningún extranjero. Con la nueva norma, la reagrupación familiar se vuelve más difícil ya que el extranjero con trabajo sólo podrá traer a Italia a sus hijos menores de edad y a los mayores sólo si son minusválidos.
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