Protesta contra Chávez por el fin de concesión a canal privado

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Cientos de trabajadores del Radio Caracas TV (RCTV) realizaron este sábado una protesta callejera para rechazar la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión a ese canal privado de la televisión venezolana.

Bajo el lema "Todos somos RCTV" y en "defensa de la libertad de expresión", periodistas, camarógrafos y técnicos de la empresa fueron apoyados por grupos opositores radicales aglutinados en el llamado "Comando Nacional de la Resistencia".

El ministro de Telecomunicaciones e Informática, Jesse Chacón, ratificó el viernes la medida anunciada a finales de diciembre, que entra en vigencia a partir de mayo.

Chacón añadió que serán revisadas todas las concesiones otorgadas antes del 2000, cuando entró en vigencia la nueva Ley de Telecomunicaciones.

"¿Por qué no dijo antes del 3 de diciembre -fecha de la elecciones presidenciales- que no iba a renovar la concesión de RCTV?", rezaba un cartel en la protesta de unas 500 personas.

Chávez y su ministro de Comunicación, Willian Lara, han calificado a RCTV de "canal golpista", por sus transmisiones durante el golpe de abril 2002 contra Chávez.

El presidente venezolano sostiene que vence el próximo mayo la concesión de RCTV, en el aire desde 1953, y que ésta no le será renovada, acusando al canal de "golpista" y "conspirador".

La directiva de RCTV insiste en cambio en que tiene permiso de transmisión hasta el año 2022.

Chávez dijo a los directivos "vayan donde quieran (a apelar), pero la concesión se les acaba en mayo y listo, vayan pensando qué otra cosa van a hacer".

Entre los manifestantes circulaba un panfleto que rezaba "¡Esto no sale con elecciones!", con una foto de Chávez vestido de militar y empuñando un fusil.

El mandatario ha advertido a los opositores que si "se les ocurre volver por los caminos abiertos del fascismo, provocación y violencia se van a arrepentir".

Chávez llegó incluso "pendejo" (imbécil) al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, por haber pedido al gobierno reconsiderar la decisión.

Insulza afirma que se trata de una medida "sin precedentes en las últimas décadas de democracia" en América Latina.

La Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas y el Comité para la Protección de los Periodistas también han expresado su preocupación por la medida.

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