31 de diciembre 2007 - 00:00

Pruebas en caso del valijero ya inquietan a Cristina

Hugo Chávez
Hugo Chávez
El procedimiento judicial estadounidense no le da paz al gobierno argentino. Las audiencias de libertad condicional de cada uno de los cuatro detenidos en Miami por el caso del valijero Guido Antonini Wilson sirvieron hasta ahora para conocer más sobre las pruebas que el fiscal Thomas Mulvihill y el FBI tienen para acusar de conspiración a los tres venezolanos y al uruguayo imputados.

Ahora desde Miami la jueza Andrea Simoton, que entiende en esos casos, le dio a Mulvihill un plazo de 14 días, que comenzó a correr el jueves de la semana pasada, para que entregue a los abogados defensores todas las pruebas, incluyendo los videos y grabaciones. La resolución tiene su lógica: hasta ahora, Mulvihill y el FBI se negaron a que la Justicia les otorgara la libertad bajo fianza a Franklin Duran, Carlos Kauffmann, Rodolfo Wanseele Pacielli y harán lo miso a partir del 7 de enero cuando el otro venezolano, Moisés Maiónica, tenga su audiencia propia.

En todos esos casos, Mulvihill relató las amenazas de Duran a Antonini Wilson, el ofrecimiento de u$s 2 millones financiados supuestamente por PDVSA para que guardara silencio y el reconocimiento de los imputados de que el dinero que Antonini intentó ingresar en Buenos Aires en el famoso maletín estaba destinado a la campaña de Cristina de Kirchner. Pero hasta ahora, no se mostró ninguna de las pruebas materiales de esas acusaciones. Por eso, los nuevos abogados de Duran y Kauffmann apelaron la denegatoria de libertad bajo fianza y ahora exigieron conocer toda la prueba para poder llevar adelante la defensa.

No es ése el único punto que complica la estrategia del FBI. Arturo Do Campo, abogado de Wanseele Pacielli, acusado de actuar como vigilante el día que Duran se encontró con Antonini en un restorán de Fort Lauderdale, presentó el viernes pasado un escrito declarando inocente a su cliente, algo que ya hizo también la defensa de Duran. Esta semana, Maiónica exigirá algo similar, por lo que el FBI estará más presionado a mostrar pruebas. Eso puede significar que se devele definitivamente qué conversaciones entre los implicados y Antonini fueron grabadas y cuáles no, y hasta donde esas revelaciones pueden seguir complicando al gobierno argentino y al de Hugo Chávez.

La etapa de ofrecimiento de pruebas, un escalón básico de todo proceso judicial para que los acusados puedan ejercer su derecho de defensa, implicará un cruzamiento de datos entre el FBI y la información reunida por el fiscal Mulvihill. Se trata de una instancia judicial que en Estados Unidos se denomina Discovery y que arrancará luego del 7 de enero, fecha en que están previstas las audiencias para que dos de los acusados en la causa, Maiónica y Kauffmann, se declaren culpables o inocentes y ofrezcan sus argumentos ante la Justicia.

El venezolano Antonio José Canchica Gómez permanece prófugo.

Todos ellos están acusados de haber actuado como agentes del gobierno venezolano en Estados Unidos para ocultar el origen y destino del dinero que Guido Antonini Wilson trajo a Buenos Aires y que fue vinculado al financiamiento de la campaña electoral de la presidente Kirchner.

Tras esta audiencia en Miami del próximo 7 de enero, la Justicia estadounidense deberá fijar la fecha exacta del comienzo del juicio contra los cuatro detenidos, previsto para mediados de marzo próximo.

En las audiencias preliminares, el fiscal y los defensores deberán argumentar sobre las pruebas que usarán y sobre los testigos que declararán en el juicio. Si el jurado popular de doce integrantes finalmente declara culpables a los acusados, el juez contará con un plazo de 60 días para determinar la pena que les aplicará.

Antonini Wilson, cuya extradición reclama la Argentina por contrabando y lavado de dinero, colabora actualmente con el FBI y no enfrenta cargos en Estados Unidos. En este marco, la jueza argentina María Marta Novatti amplió el sábado su pedido de extradición de Antonini Wilson, ya que incorpora la figura de «lavado de dinero». El pedido fue llevado por un funcionario de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería a la embajada ante Estados Unidos, que, a su vez, lo entregará hoy al Departamento de Estado para que finalmente se lo haga llegar a la Justicia de ese país.

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