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Bolivia es un Estado unitario, y los prefectos (gobernadores) en funciones son los primeros en toda su historia en haber sido elegidos por voto popular en lugar de ser meros delegados presidenciales nombrados desde La Paz. Así, la aspiración de la autonomía administrativa, tributaria y financiera no debería sorprender, sobre todo en un país tan diverso como Bolivia y que presenta fuertes desequilibrios en cuanto a la riqueza de sus regiones. El Oriente rico no quiere subsidiar al Occidente indígena y pobre, donde Morales tiene su bastión. Pero detrás del reclamo se esconde, por un lado, una aspiración directamente secesionista de parte de los grupos más radicalizados de la oposición y, por otro, una fuerte pelea por quién tendrá la competencia para regular la posesión de la tierra. Se trata de una pelea clave: con la Constitución que pretende hacer refrendar Evo Morales, la tarea recaería en el Estado central, lo que le permitiría avanzar rápidamente en una radical reforma agraria en beneficio de los indígenas; con las autonomías, las regiones limitarían ese poder y podrían proteger a los actuales propietarios, sobre todo en la poderosa Santa Cruz, donde se concentran los mayores latifundios. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija ya celebraron referendos -tachados de ilegales por el gobiernoen los que el voto por la autonomía fue abrumador. Chuquisaca planea sumarse en breve.
Porque busca con ella plasmar su proyectopolítico socialista e indigenista, que diluye las autonomías regionales como una de muchas variantes autonómicas, entre ellas las de los pueblos originarios. El proceso de elaboración del texto en la Asamblea Constituyente fue caótico, y éste terminó siendo votado en diciembre último en un cuartel militar sin la presencia de la oposición. Hace poco Evo Morales, en otra irregularidad, convocó por decreto a un referendo sobre el texto para el 7 de diciembre, pero la reacción regional lo obligó a dar marcha atrás y a aceptar que sea el Congreso el que convoque al plebiscito.
Obviamente, en el conflicto entre los autonomistas y el gobierno central y su proyecto de Constitución se dirime quién tendrá el control de los yacimientos de gas, sobre todo en los departamentos de Tarija (que concentra la gran mayoría de las reservas) y Santa Cruz. Aunque la nacionalización de los hidrocarburos impuesta por el mandatario permitió triplicar los ingresos en concepto de regalías tanto del gobierno central como de las regiones productoras, una primera pelea sobre el tema ya está en curso. Se desató cuando Evo Morales decidió recortar en unos 160 millones de dólares la parte de un impuesto a los hidrocarburos (IDH) que se coparticipa a las provincias para financiar con él un bono de 30 dólares mensuales para los ancianos sin cobertura jubilatoria. Las regiones no aceptan ser las que paguen por ese beneficio y reclaman la percepción de 100% de las regalías.
Porque tanto Morales como sus principales rivales políticos se impusieron con masivas votaciones. El presidente fue refrendado con más de 67% de los votos. El principal jefe opositor, el cruceño Rubén Costas, ganó con 66%. El tarijeño Mario Cossío, con 58%. Leopoldo Fernández, el prefecto de Pando (donde se produjeron los choques de la semana pasada, que dejaron una treintena de campesinos muertos), con 56%. Y el beniano Ernesto Suárez, con 64%. Así, los analistas siguieron hablando de un «empate catastrófico» en el país.
Gracias a los recursos excedentes que generó la explotación del gas y su estatización, Evo Morales ha podido entregar pertrechos y mejoras a los militares. Además, la amenaza secesionista eriza a las FF.AA., que han advertido repetidamente contra cualquier intento de dividir el país. Por último, en el país, la mayoría de la tropa es indígena y simpatizante de Evo Morales. Sin embargo, en el último tiempo comenzó a hablarse de una penetración de la influencia opositora en los altos mandos y éstos reaccionaron airadamente a las amenazas de Hugo Chávez de intervenir militarmente si se destituye a su aliado Morales. La fractura del cuerpo militar, tradicional árbitro de la política local, es hoy una amenaza inquietante que se suma a un complejo panorama.
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