La cámara de Diputados del Parlamento español dio luz verde a la controvertida reforma laboral del gobierno conservador de Mariano Rajoy, que había sido aprobada por decreto y se encuentra ya en vigor desde mediados de febrero, aunque la Cámara baja aún puede introducir cambios en ella.
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La convalidación del decreto supone la primera victoria parlamentaria de la reforma laboral de Rajoy, una reforma contra la que los sindicatos ya se han movilizado y podrían anunciar una huelga general en una España con casi 5,3 millones de desempleados, un 22,85 por ciento de la población activa.
"Espero que cuando empiece a repuntar la actividad económica (la reforma) sea útil para el gran objetivo que es el de la creación de empleo", dijo el presidente del gobierno. La convalidación la apoyaron los nacionalistas catalanes de CiU y dos fuerzas minoritarias cercanas ideológicamente al Partido Popular (PP) de Rajoy. En contra votaron el resto de los grupos parlamentarios.
El Congreso de los Diputados, en el que el PP tiene una abrumadora mayoría absoluta, aprobó hoy también tramitar la reforma como proyecto de ley, lo que significa que la norma aún sufrirá cambios, ya que se abre un periodo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas y sean posibles pactos en algunos temas.
De esta forma, al contar con apoyos de otros grupos parlamentarios, Rajoy reparte el coste político de la impopular medida. El presidente del gobierno, no obstante, ya advirtió de que no modificará el eje central de la que es la reforma laboral más profunda en la reciente historia democrática de España.
Junto a un mayor abaratamiento y una mayor facilitación del despido, abre la puerta a que las empresas rebajen los salarios de los trabajadores y facilita y acelera también los despidos colectivos, entre otras cosas.
El Partido Socialista (PSOE) de Alfredo Pérez Rubalcaba ya anunció que presentará una enmienda a la totalidad del texto. "La reforma es una barbaridad económica", dijo en el Congreso de los Diputados la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez.
Los socialistas ya advirtieron a Rajoy de que acudirán al Tribunal Constitucional si durante el trámite parlamentario no se modifican varios aspectos que creen que vulneran la Carta Magna, como el hecho de que los empresarios puedan decidir unilateralmente sobre la rebaja de salarios.
Esta reforma del mercado laboral ha hecho desaparecer el contrato ordinario fijo, que tenía una indemnización de 45 días por año trabajado, y ha generalizado el contrato con un indemnización de 33 días. Entre otras cosas, también ha ampliado las causas por las que las empresas pueden acogerse al despido objetivo de sus trabajadores, con 20 días de indemnización.
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