Regularización extraordinaria en España: cuáles son los requisitos y cómo será el proceso para acceder

El Gobierno habilita un proceso de regularización que podría beneficiar a medio millón de migrantes en situación irregular entre abril y junio de 2026.

El proceso de regularización extraordinaria comenzará en abril y estará habilitado hasta el 30 de junio de 2026.

El Gobierno de España puso en marcha un proceso de regularización extraordinaria que permitirá a cerca de medio millón de personas migrantes acceder a la residencia legal y al permiso de trabajo, con un trámite que comenzará en abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, en el marco de una política orientada a la integración y la protección de derechos.

La medida, impulsada tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, busca dar respuesta a una realidad estructural del país: la presencia de cientos de miles de extranjeros que viven y trabajan en España sin una situación administrativa regular. Según estimaciones del centro de análisis Funcas, a 1 de enero de 2025 unas 840.000 personas se encontraban en esta condición, lo que representa el 17,2% de los extranjeros extracomunitarios, una cifra muy superior a la registrada en 2017.

Quiénes pueden acceder a la regularización

La regularización está dirigida principalmente a personas solicitantes de protección internacional que cumplan con una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El objetivo central es integrar a quienes ya forman parte de la vida social y económica del país, reduciendo la informalidad y la vulnerabilidad laboral.

Los solicitantes deberán acreditar permanencia continuada en España y no contar con antecedentes penales.

Requisitos para solicitar la regularización

Los requisitos para acceder al proceso deberán cumplirse de manera conjunta y serán evaluados por la administración. Según lo establecido, los solicitantes deberán acreditar:

• Permanencia continuada en España de al menos cinco meses previos a la solicitud.
• Haber ingresado al país antes del 31 de diciembre de 2025.
• Acreditar la estancia mediante cualquier documento público o privado, lo que amplía las posibilidades de acceso.
• No contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
• Cumplir con los criterios del Estado de Derecho, conforme a la normativa vigente.

La autorización otorgada será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio español y en cualquier sector productivo. Tendrá una vigencia inicial de un año, tras la cual los beneficiarios podrán incorporarse a los mecanismos ordinarios del Reglamento de Extranjería, lo que, según el Gobierno, “favorece una integración progresiva y estable”.

Plazos, trabajo y unidad familiar

El plazo máximo de resolución será de tres meses, aunque la mera admisión a trámite (que se definirá en un máximo de quince días) habilitará a las personas solicitantes a trabajar desde el primer día. Esta disposición apunta a combatir la economía sumergida y la explotación laboral, promoviendo la cotización a la Seguridad Social.

El Gobierno estima que cerca de medio millón de personas migrantes podrían acceder a la residencia legal y al permiso de trabajo.

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Otro aspecto clave es la protección de la unidad familiar. La regularización contempla que hijos e hijas menores que ya residan en España puedan acceder de forma simultánea a la residencia regularizada, con una vigencia de cinco años. Desde el ministerio que conduce Elma Saiz sostienen que esta medida busca evitar situaciones de desamparo y garantizar estabilidad familiar.

Una política ya aplicada en el pasado

Esta será la séptima regularización extraordinaria en la historia reciente de España. Desde 1986, distintos gobiernos del PSOE y del Partido Popular recurrieron a este mecanismo para responder a contextos de alta irregularidad migratoria. La más amplia tuvo lugar en 2005, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando casi 600.000 personas accedieron a la residencia legal.

Las solicitudes podrán presentarse entre abril y el 30 de junio de 2026, una vez finalizados los trámites del Real Decreto que regula el proceso. Desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa refuerza un modelo migratorio basado en derechos humanos, cohesión social y crecimiento económico.