Reino Unido admite que su plan para el Brexit viola el derecho internacional

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El gobierno de Boris Johnson reconoció que la revisión unilateral del acuerdo con la UE no es legal, pero igualmente avanzará con ella.

El gobierno de Boris Johnson en Reino Unido reconoció el martes que llevar a la práctica la revisión que ha previsto del acuerdo con la Unión Europea (UE) por el Brexit, que entró en vigor en enero, sería una violación del derecho internacional.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió ante el Parlamento que la ley que estudia el ejecutivo para modificar el Acuerdo de Retirada "violaría el derecho internacional", en el marco de un debate que generó divisiones incluso en el seno del Partido Conservador.

El primer ministro ultima una nueva legislación sobre mercado interior que dejaría en el aire la supresión de los controles de mercancías en el paso de Reino Unido a Irlanda del Norte, condición incluida dentro del acuerdo de salida de la UE para evitar la vuelta a una frontera física en el Úlster, algo que pondría en riesgo los acuerdos de paz de Viernes Santo de 1993.

Downing Street sostiene que solo serán "aclaraciones menores en áreas muy específicas", a falta de que el miércoles se conozca el detalle del borrador. Según Lewis, Boris Johnson solo pretende crear "una red de seguridad" en caso de que fracasen las negociaciones entre Londres y Bruselas para pactar la relación futura a partir del 1 de enero de 2021.

Interrogado por si estos cambios supondrían un incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Reino Unido, el ministro respondió "diría que sí". "Incumple el derecho internacional de una manera muy específica y limitada", consideró.

En este sentido, apuntó que el Ejecutivo de Boris Johnson sigue trabajando "de buena fe" para resolver cualquier controversia sobre el Brexit, pero admitió que los cambios podrían sentar un "claro precedente" tanto para Reino Unido como para otros países, que pueden verse legitimados a incumplir compromisos "si las circunstancias cambian".

Entre quienes cuestionaron la revisión, se encuentra la exprimera ministra Theresa May, quien recordó que tanto el Ejecutivo como el propio Parlamento suscribieron el acuerdo con la UE que ahora se quiere matizar. "¿Cómo garantizaría el Gobierno a los socios internacionales que pueden confiar en que Reino Unido cumplirá las obligaciones legales?", cuestionó.

La polémica se habría llevado también por delante al principal responsable del departamento legal del gabinete de Johnson, Jonathan Jones, quien renunció por los cambios que se plantearon, según el diario Financial Times.

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