Renunció otro ministro de Lula por caso de corrupción
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Durante 2007, la entonces ministra de Igualdad Social gastó 171 mil reales en la tarjeta durante viajes de trabajo, comidas, alquiler de vehículos, hospedaje y una compra en un comercio libre de impuestos en un aeropuerto.
Según precisiones que difundió la agencia estatal, el mayor gasto durante los viajes fueron destinados a pagar el alquiler de automóviles, más de 90 operaciones que sumaron 118 mil reales para sus traslados en las ciudades de Brasil y localidades alejadas.
La agencia de noticias italiana Ansa informó que la Auditoria General de la Unión señaló que no hay elementos que configuren actos de corrupción por parte de la funcionaria, pero sostuvo que ésta debería haber contratado los transportes por licitación y no con tarjeta oficial.
Legisladores de la oposición plantearon la necesidad de crear una Comisión Parlamentaria de Investigación para analizar el uso de la tarjeta realizado por Ribeiro y otros ministros, en razón del aumento de gastos detectado en los últimos años.
La asesoría de prensa de Ribeiro informó que la ex ministra ya devolvió al Estado el dinero que fue usado en forma indebida, informó la agencia de noticias alemana DPA.
El secretario especial de Pesca, Altemir Gregolin, también fue convocado para dar explicaciones sobre los gastos realizados con la tarjeta, pero su situación fue considerada aceptable por el gobierno.
Como consecuencia de las denuncias sobre el mal uso de la tarjeta corporativa, el gobierno anunció el jueves una serie de medidas, que serán decretadas por Lula en los próximos días, destinadas a controlar con más rigor los gastos de los funcionarios.
Entre estas medidas, está la prohibición de retirar con la tarjeta dinero en efectivo para pagar gastos que pueden ser pagos directamente con ella, y tampoco se permitirá su uso en la compra de pasajes aéreos y pago de jornales a funcionarios.
La llamada "tarjeta corporativa" fue implementada durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, para, según fue alegado en su momento, facilitar la transparencia de los gastos de los funcionarios estatales.
El gobierno de Lula aún arrastra el efecto de las denuncias y procesamientos contra el ex ministro de la Casa Civil y hombre de confianza del presidente, José Dirceu, el ex ministro de Transportes Anderson Adauto y el ex secretario de Comunicaciones, Luis Gushiken, todos involucrados en el "mensalao".
Por la misma causa, también están en la mira judicial el ex presidente del PT y actual diputado José Genoino, y el ex tesorero del partido Delúbio Soares, acusados por la justicia por los cargos de asociación ilícita y corrupción activa.
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