Revelan que EEUU deportó a más de 25.000 personas a terceros países mediante acuerdos secretos

Estados Unidos deportó a 25.447 personas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026 mediante acuerdos con 35 naciones. Una investigación reveló que Washington destinó u$s410 millones para facilitar los traslados.

 Estados Unidos acordó con 35 países la recepción de migrantes que no tienen vínculos con esas naciones.

Jorge Taiana

Una investigación internacional reveló que Estados Unidos concretó acuerdos con 35 países para recibir migrantes que no tienen vínculos con esas naciones. Desde enero de 2025, el Gobierno estadounidense destinó u$s410 millones para facilitar estas deportaciones.

Estados Unidos deportó a más de 25.000 personas a terceros países mediante acuerdos alcanzados con países en desarrollo que aceptaron recibir migrantes que no podían ser enviados legalmente a sus lugares de origen.

Según una investigación publicada este lunes por Forbidden Stories junto con un consorcio de periodistas internacionales, al menos 25.447 personas fueron enviadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026. Del total, unas 20.000 fueron trasladadas a México, mientras que las restantes fueron distribuidas entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico.

Los acuerdos contemplan distintas condiciones, entre ellas las nacionalidades de las personas que pueden ser deportadas y la posibilidad de aceptar migrantes con antecedentes penales. En total, Estados Unidos habría destinado u$s410 millones a los países receptores o a organismos de Naciones Unidas vinculados con estos procesos.

Los acuerdos con países de África y el Pacífico

México recibió a unas 20.000 de las personas deportadas a terceros países hasta agosto de 2026.

Una investigación de AFP publicada a comienzos de este año había señalado que Washington utilizaba restricciones de visas y otras medidas contra países africanos para presionarlos a aceptar personas deportadas. Abogados consultados por la agencia sostuvieron que algunos migrantes quedaban en un “limbo legal”, retenidos sin cargos en países con los que no tenían vínculos.

Según Forbidden Stories, 49 de los 54 países africanos fueron contactados para evaluar si aceptarían deportados provenientes de terceros países.

La mayoría de las negociaciones y los pagos fueron gestionados por la Oficina de Remigración del Departamento de Estado, una división creada en mayo de 2025. El organismo está dirigido por Christian Jove Ehrhardt, un diplomático de 41 años que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.

Entre los casos relevados aparece Camerún, que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para recibir deportados. Una semana después, ambos países también firmaron un programa de asistencia sanitaria por cinco años, por un valor cercano a u$s400 millones.

En enero, el Departamento de Estado anunció además otros u$s30 millones para ACNUR en Camerún, destinados a “facilitar el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal”. El primer avión con deportados llegó a ese país el 14 de enero.

En el Pacífico, Palau, una pequeña nación insular con menos de 18.000 habitantes, acordó en diciembre de 2025 recibir hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de u$s7,5 millones. Hasta ahora, solo tres personas fueron enviadas en el marco de ese acuerdo.

En Esuatini, en tanto, llegaron 32 personas desde julio de 2025, sobre un total potencial de 160 contemplado en un acuerdo valuado en más de u$s5 millones. Según la investigación, el país aceptó también personas deportadas con antecedentes penales.

Cuánto dinero destinó Estados Unidos

Los acuerdos incluyen países de América Latina, África y el Pacífico y contemplan distintas condiciones para la recepción de deportados.

De los u$s410 millones previstos para estos acuerdos, documentos internos del Departamento de Estado indicaron que u$s81 millones estaban destinados directamente a los gobiernos firmantes.

El resto del dinero fue asignado a organizaciones de ayuda. Más de u$s178 millones fueron destinados a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otros u$s123 millones a ACNUR.

La participación de estos organismos generó cuestionamientos. ACNUR sostuvo ante Forbidden Stories que no forma parte de los acuerdos bilaterales y afirmó que los fondos estadounidenses son utilizados de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.

Desde la OIM, un portavoz explicó que la decisión de aceptar los fondos se basa en evaluar si la participación de la organización permite mejorar la situación de los migrantes afectados. Según la entidad, en estos casos considera que su intervención tiene ese objetivo.