Se distingue más Tabaré de su colega argentino

Tabaré Vázquez volvió a dar ayer una muestra de moderación. Sus esfuerzos para lidiar con el pasado violento de los 70 y los 80 no muestran una visión maniquea. Así, pidió al Congreso que apruebe compensaciones económicas no sólo a las familias de las víctimas de la represión ilegal, sino también a las de la guerrilla de Tupamaros y otras organizaciones.Se habla de u$s 150 mil a cada una. Hay que destacar que los antiguos guerrilleros tupamaros son hoy parte de su gobierno, sector que, por el momento, dio señales de acompañar la decisión presidencial. Parece que lo que separa a los gobiernos de ambas orillas del Río de la Plata va bastante más allá de las papeleras contaminantes.

Tabaré Vázquez

Montevideo (EFE, ANSA) - El gobierno uruguayo envió un proyecto de ley al Parlamento para reparar económicamente tanto a las familias de las víctimas de la represión ilegal como a las de los militares, policías y civiles que fueron víctimas de la guerrilla antes y durante el régimen de facto (1973-1985).

El proyecto presentado el martes establece compensaciones de 150.000 dólares para unos y otros. De ser aprobado, lo cual no es difícil, pues el gobernante Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras, cobrarán esa suma unas 70 familias de militares, policías y civiles muertos entre 1962 y 1976, período que abarca los años previos y los primeros del régimen de facto (1973-1985). Unas 20 familias de personas detenidas por el régimen militar y desde entonces desaparecidas también serán indemnizadas.

El gobierno del Frente Amplio, el primero de izquierda en la historia del país, destacó que el proyecto enviado al Parlamento pretende «ayudar a la consolidación de la paz» en Uruguay y dar «un tratamiento justo» a las familias de los fallecidos.

La administración del socialista Tabaré Vázquez aspira a que el proyecto sea aprobado rápidamente en el Parlamento.

La reparación abarcará los años previos al régimen de facto que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985, cuando se produjeron los más duros enfrentamientos armados entre los militares y los guerrilleros tupamaros, hoy convertidos en partido político dentro del gobernante Frente Amplio.

Actualmente, varios de los líderes históricos de los tupamaros tienen cargos en el gabinete y la administración pública o son legisladores. Estos, en su mayoría, prometieron respetar la iniciativa.

Beneficiarios

Entre las familias que serán beneficiadas con esta medida está la de Carlos Abdala, que fue embajador uruguayo en Paraguay, y la de Armando Acosta y Lara, que fue viceministro de Educación y Cultura, ambos asesinados.

El gobierno impulsa, además, un plan de jubilaciones especiales para uruguayos que estuvieron presos, exiliados o perdieron su trabajo por persecución ideológica durante el régimen castrense. Unas 4.700 personas se presentaron para aspirar a recibir ese beneficio y casi 900 ya fueron aprobados, según cifras oficiales.

La iniciativa había sido presentada tiempo atrás por el diputado Daniel García Pintos, del opositor Partido Colorado, y ahora es recogida por el oficialismo.

Pese al consenso mayoritario, el proyecto tiene detractores. «Es absolutamente inaceptable que se quiera equiparar la situación de los desaparecidos con la de funcionarios públicos muertos en el cumplimiento de su tarea», dijo ayer el abogado Javier Miranda, integrante de la organización Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.

Guillermo Paysé, coordinador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), manifestó sus «dudas» acerca de si le corresponde al Estado asumir indemnizaciones «por las acciones realizadas por bandas armadas», lo que, a su juicio, «crearía un precedente muy peligroso».