Se vicia el juicio que desvela a Lula

San Pablo (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Los temores de Luiz Inácio Lula da Silva de que el megaproceso contra decenas de ex miembros de su entorno se vuelvan contra su gobierno comenzaron a concretarse ayer, luego de que uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) aseguró que «todos (los magistrados) votaron (iniciar el juicio) con un cuchillo en el cuello». Esto llevó al principal implicado en el escándalo, el ex jefe de Gabinete José Dirceu, a afirmar que la causa por el escándalo de corrupción conocido como «mensalao» (mensualazo) está «bajo sospecha» y que fue impulsada por «la dictadura mediática que impera en el país».

Dirceu, quien era considerado el hombre más poderoso del gobierno, debió renunciar en 2005 a su cargo a causa de ese escándalo y ahora será procesado por los delitos de corrupción activa (pago de coimas) y asociación ilícita.

Además, el STF decidió juzgar a otras 39 personas, entre ellas dos ex ministros, un ex presidente de la Cámara de Diputados, legisladores y dirigentes de cinco formaciones políticas, entre los que figuran los miembros de la anterior cúpula del Partido de los Trabajadores.

Dirceu convocó ayer en San Pablo a una conferencia de prensa en la que por primera vez habló públicamente sobre la decisión del STF, que, según declaró, lo dejó « perplejo», «estupefacto» y «casi en pánico».

Intimidación

El ex funcionario citó un artículo publicado ayer por el diario «Folha de Sao Paulo», según el cual el magistrado Ricardo Lewandowski, uno de los diez miembros del Supremo, declaró que la prensa «intimidó al tribunal» y lo hizo decidir «con un puñal en el cuello». El periódico también le atribuyó al magistrado haber declarado que la tendencia «era de ablandar (la situación) de Dirceu» y que el diario «O Globo» ejerció «presión» para que sucediera lo contrario.

El ex funcionario, que insistió en su inocencia, consideró que «si eso es verdad, no se puede garantizar un juicio dentro de lo que dicen la Constitución y las leyes», por lo que exigió que el STF se pronuncie oficialmente sobre el asunto. Aclaró, además, que debido a la «dictadura de la prensa», que en su opinión lo condenó de antemano, tiene «serios temores» por su futuro.

Aunque no hubo ningún pronunciamiento oficial del tribunal, al menos dos magistrados rechazaron con indignación las declaraciones atribuidas a Lewandowski.

El juez Carlos Ayres Britto dijo a periodistas que «todavía no ha nacido» quien le pueda poner «un puñal en el cuello» y garantizó que «en ningún momento» se sintió «acorralado» por la prensa. En la misma línea, el magistrado Gilmar Mendes aseguró que «dos de las características más fuertes del Supremo son su tradición republicana y el no ceder a presiones de ningún tipo». Según la acusación formulada por la Procuraduría General, Dirceu actuaba como el «jefe incontestable de una organización criminal» que se valió de su poder en el gobierno para tejer una complicada red de recaudación de dinero, obtenido en forma ilegal en empresas públicas y privadas.

Sobornos

Con ese dinero, la Procuraduría sostiene que el PT financió los sobornos que supuestamente pagó a decenas de legisladores entre 2003 y 2005, que le valieron construir la mayoría parlamentaria que las urnas no le habían dado al gobierno de Lula da Silva.

Ante este panorama, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso criticó ayer al mandatario por desentenderse de los ex ministros de su gobierno procesados por el « mensalao».

«La organización estaba incrustada en el gobierno», señaló Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza opositora.

Lula da Silva había dicho el miércoles que la causa contra ex miembros de su entorno íntimo no impactaron en su gobierno y recordó haber sido reelecto, en octubre de 2006, con 61% de los votos.

Con todo, la decisión del STF de procesar a los 40 políticos fue considerada por el gobierno como una «derrota», aseguró la prensa, y generó en el oficialismo temor por los efectos de la nueva divulgación del escándalo que hace dos años tuvo al presidente al borde del juicio político.