Washington (ANSA, EFE, Reuters) - El comité Judicial del Senado de EE.UU. abrió ayer las puertas al envío de órdenes obligatorias para que se presenten a comparecer el principal asesor político de la Casa Blanca, Karl Rove, y otros altos funcionarios norteamericanos en el marco de la investigación por el despido, al parecer políticamente motivado, de ocho fiscales federales.
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Una medida similar había sido aprobada el miércoles por un subcomité judicial de la Cámara baja, donde también se quiere establecer si el secretario de Justicia (fiscal general), Alberto González, y otros importantes funcionarios estaban al tanto de la maniobra contra los fiscales. González también enfrenta una investigación por presuntos abusos a presos en Guantánamo.
El presidente, George W. Bush, había advertido al Congreso que no estaba dispuesto a permitir un «espectáculo mediático» alrededor del escándalo, y ofreció enviar a sus funcionarios al Parlamento a prestar declaración informal, sin registro ni bajo juramento.
Pero el Congreso rechazó la oferta de la Casa Blanca y aprobó la posibilidad de emitir las órdenes de comparecencia, que pueden llevar a Rove y otros funcionarios cercanos al presidente a declarar bajo juramento y frente a las cámaras de televisión.
Una de las integrantes del comité, la senadora demócrata Dianne Feinstein, de California, dijo que su partido ya no cree en las explicaciones de González y que el secretario cuenta actualmente con «una muy baja credibilidad».
Por ahora, el tironeo entre el Congreso y la Casa Blanca parece ser solamente un juego de presiones, pero podría derivar en un choque constitucional si las órdenes son finalmente emitidas y Bush se niega a que sus funcionarios declaren bajo juramento en el Capitolio.
Para zanjar el entredicho debería entrar en juego el Poder Judicial, y un proceso en este sentido podría prolongarse durante largos meses, incluso hasta después de que Bush deje el poder, en enero de 2009.
