La Paz (Reuters, AFP, EFE) - El gobierno izquierdista de Bolivia rechazó ayer la decisión de la máxima autoridad electoral del país de bloquear el referendo constitucional convocado para el 7 de diciembre, sumando una disputa jurídica al largo conflicto político que golpea al país.
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El propio presidente Evo Morales reprochó duramente la decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) de frenar la consulta y acusó al organismo de haberse sometido a «presiones de la derecha».
El referendo sobre la nueva Constitución socialista e indigenista fue convocado la semana pasada mediante decreto por Morales, pero la CNE dijo en una carta al mandatario que no dirigirá ese proceso por existir « impedimentos legales», planteando que la consulta debe ser convocada por ley.
«Es una decisión que (la CNE) tomó subordinándose a la derecha neoliberal, a pedido de la derecha, de los prefectos (regionales) que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano», dijo Morales a la agencia estatal de noticias ABI desde Irán, donde realizaba una visita oficial.
Sostuvo que la decisión de la autoridad electoral es «política, sin ninguna base legal» y «en contra del pueblo boliviano que demandó acelerar los cambios estructurales».
Morales no detalló las futuras acciones del gobierno, pero remarcó que se siente fortalecido por 67,4% de respaldo electoral que obtuvo en un referendo de mandatos realizado el 10 de agosto, al que consideró un llamado para continuar su «revolución». Sin embargo, en rigor también salieron fortalecidos de esa consulta sus principales rivales regionales.
El choque entre el gobierno y la CNE ocurre mientras la oposición, fuerte en las regiones más ricas, anunciaba protestas contra el referendo. La oposición, parapetada en Santa Cruz -el motor económico del país-, ha iniciado procesos de autonomías de los cuatro distritos que controla, en abierto desafío a Morales, principal aliado regional del presidente venezolano Hugo Chávez.
En marzo, la CNE había prohibido un referendo convocado por el Congreso para poner en vigencia la nueva Constitución aprobada en diciembre de 2007 por una Asamblea Constituyente, la cual fue boicoteada por la oposición.
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