Caracas (AFP, DPA, Reuters, ANSA) - Una multitudinaria marcha que ocupó al menos diez cuadras exigió ayer en el centro de Caracas la renuncia del presidente venezolano Hugo Chávez. El palacio presidencial Miraflores fue virtual-mente militarizado por la guardia nacional por temor a que fuera invadido por la multitud, mientras que el mandatario se retiró durante todo el día a un acto de graduación de suboficiales de las fuerzas armadas. Después de la marcha, varios miles de manifestantes se congregaron frente a una instalación militar para instar a otro levantamiento golpista, como el que ocurrió en abril.
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Unas 5.000 personas, según cálculos independientes, acompañaron por la tarde a los líderes políticos y de organizaciones sociales que negociaban con los jefes militares el ingreso al aero-puerto y base militar de La Carlota para pedirles que se sumen a la desobediencia civil contra Chávez. «Les queremos decir a los soldados venezolanos que recibimos un mandato del pueblo y apelamos a su protección», dijo el socialcristiano Omar Calderón ante las rejas de la base.
La concentración principal, que para el gobierno congregó a 60.000 personas y a un millón para los medios televisivos antichavistas, evidenciando en este dato estimativo la polarización de las posiciones, intentó en vano al grito de « ni un paso atrás» llegar hasta el palacio presidencial para conmemorar los dos meses del frustrado golpe militar del 11 de abril. Mientras, 1.200 efectivos de la guardia nacional se esmeraron en separar a los manifestantes de la centena de chavistas, prove-nientes de barrios humildes, que desde abril se turnan para custodiar la sede gubernamental.
El presidente en tanto encabezó en Maracay la graduación de 443 suboficiales, a quienes instó a utilizar sus armas para defender la constitución y la paz. Chávez evocó el 11 de abril como una jornada nefasta para la democracia porque ese día se desarrolló «una conspiración de minorías con una historia de privilegios» que buscaron derribar a un gobierno legítimo.
Las movilizaciones opositoras fueron convocadas por una docena de partidos políticos, entre ellos los históricos Acción Democrática (socialdemócrata), el democristiano Copei, y los conservadores Primero Justicia y Proyecto Venezuela, más el ala opositora del Movimiento al Socialismo (MAS). También se adhirieron la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que responde al ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, que volvió a amenazar con una huelga por tiempo indeterminado, y la gremial empresarial Fedecámaras, dos corporaciones que desde el año pasado lideran la oposición a Chávez. De hecho, el fugaz presidente Pedro Carmona era el titular de Fedecámaras.
Estados Unidos mantiene una cautelosa expectativa sobre los hechos actuales, en contraste con el ferviente apoyo que dio al golpe de abril. El representante de la administración Bush ante la OEA, Roger Noriega, declaró que Venezuela «sigue siendo una causa de preocupación» y alentó a los venezolanos a «entablar un diálogo pleno». Más aún, el diario «The Washington Post» advirtió ayer que la misión estadounidense debe ser «convencer a los opositores que el derrocamiento de Chávez sólo empeoraría la situación de los venezolanos».
«El gobierno se siente completamente seguro de su estabilidad», afirmó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, mientras que el presidente retó a la oposición a que a partir del año próximo convoque a un plebiscito sobre su estabilidad en el cargo, instancia autorizada por la Constitución.
La manifestación reclamó además enjuiciar a Chávez por los 18 muertos en los disturbios del 11 de abril.
Sin embargo, un grupo de familiares de los muertos pidieron enjuiciar al alcalde mayor de Caracas, el opositor antichavista Alfredo Peña, por «conspirador, responsable de homicidios y lesiones», porque según el abogado Fabián Chacón, la policía municipal fue autora de 80 por ciento de los asesinatos de ese día.
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