Madrid (AFP, Télam) - El Congreso de los Diputados de España aprobará hoy una polémica Ley de Memoria Histórica que condena de forma rotunda el régimen franquista, ordena el retiro de sus símbolos, deroga sus leyes y declara ilegítimas sus sentencias judiciales. La norma reconoce moral y económicamente a las víctimas, establece que el Estado tutelará las labores de localización e identificación de fosas comunes, y facilita el acceso a la nacionalidad española para descendientes --hijos y nietos-de emigrantes y exiliados, muchos de ellos en la Argentina.
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Pese a que tiene garantizada su aprobación, se espera un encarnizado debate debido al clima de máxima crispación entre el gobierno y la oposición, en el contexto de la campaña para las elecciones generales de marzo del año próximo.
José Luis Rodríguez Zapatero tardó dos años en presentar la norma, oficialmente denominada «Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». Un acuerdo con el grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), que imprimió un giro de 180 grados al proyecto, permitió que la ley saliera adelante este año, antes de que culmine el mandato de presidente del gobierno socialista.
«Esta ley es un punto de partida para que el Estado lleve a cabo políticas públicas de recuperación de la memoria democrática», dijo ayer Joan Herrera, responsable de IUICV en las negociaciones con el gobierno.
La norma saldrá adelante con el apoyo de los socialistas, la izquierda ecologista, los nacionalistas vascos, los catalanes de Convergencia i Unió, Coalición Canaria y el llamado grupo mixto. En tanto, se ponen el Partido Popular (PP), que considera que es innecesaria y abre «viejas heridas», y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que cree que instaura la «impunidad» por no prever sanciones por los crímenes cometidos durante el franquismo. Tras su tratamiento por los diputados, pasará al Senado.
La ley que votará el Congreso condena de la forma más dura al franquismo, al asumir la declaración de la Asamblea Parlamentaria de Europa firmada el 17 de marzo de 2006, en la que se denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en España entre 1939 y 1975. Además, por primera vez «sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática».
Además, declara «la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como de las sanciones y condenas de carácter impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas».
Compromiso
El jurista asesor de IU-ICV, Carlos Jiménez Villarejo, dijo que a través de la declaración de «ilegitimidad» se abre el camino a la anulación de las sentencias del franquismo, pero los fiscales deberán actuar de oficio para lograr este objetivo. Por otro lado, el Estado se compromete a través de las administraciones públicas a «facilitar la localización e identificación de los desaparecidos, como última prueba de respeto hacia ellos».
En relación con los símbolos de la dictadura, el Estado obliga a todas las instituciones públicas a retirarlos. Las instituciones privadas que se nieguen a hacerlo -lo que podría incluir las placas de «Caídos por Dios y por España» de las iglesias-pueden dejar de recibir fondos públicos.
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