Privatización en marcha: AySA exhibe superávit y el Gobierno prepara los pliegos para vender el 90%

La empresa cerró 2025 con un superávit neto de $237.000 millones y redujo su deuda en 85%. El Ejecutivo apunta a publicar este mes los pliegos para transferir el control a un operador estratégico y espera captar alrededor de u$s500 millones.

En 2025, la compañía puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas.

@AySA_Oficial

Con el foco puesto en la publicación de los pliegos de licitación, el Gobierno acelera la hoja de ruta para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y, en paralelo, la compañía dio a conocer su balance 2025 con números que buscan reforzar el atractivo del activo ante potenciales inversores. El dato central: la empresa registró un superávit económico neto de $237 mil millones, revirtió una tendencia deficitaria de casi dos décadas y logró reducir su deuda en un 85%.

En despachos oficiales dan por hecho que los pliegos estarán listos en las próximas semanas. La intención es licitar el 90% del paquete accionario a un operador estratégico, preservando el 10% en manos de los trabajadores, y avanzar luego, en una segunda etapa, con una eventual apertura parcial de capital en el mercado. El objetivo fiscal es doble: por un lado, reducir transferencias del Tesoro; por el otro, obtener ingresos extraordinarios para fortalecer el frente financiero. La aspiración oficial es recaudar alrededor de u$s500 millones.

La privatización de AySA forma parte del lote de empresas incluidas en la Ley Bases, el paquete normativo que habilitó al Poder Ejecutivo a desprenderse de activos estatales bajo distintos esquemas. En este caso, el diseño final se apartó del planteo inicial que contemplaba vender una participación mayoritaria y luego realizar una oferta pública; ahora se prioriza la cesión directa del control a un jugador con capacidad técnica y financiera.

Un balance que busca seducir al mercado

El balance 2025 llega en un momento clave. Según informó la empresa, el resultado positivo permitió prescindir de aportes corrientes del Tesoro Nacional, algo que no ocurría desde 2007. En valores constantes, el rojo operativo de $1.048 mil millones en 2023 quedó atrás y las transferencias estatales se redujeron de $1,31 billones ese año a apenas $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital.

La mejora se apoyó en un proceso de reordenamiento de gastos, actualización tarifaria y reducción de costos. Desde fines de 2023, el servicio en el AMBA acumuló fuertes incrementos y el esquema regulatorio fue modificado para permitir ajustes periódicos y un marco contractual más previsible. Además, la compañía avanzó en la reducción de la morosidad y en la baja de su plantilla: pasó de 7.790 empleados en diciembre de 2023 a 6.069 en la actualidad, una caída del 22,1%.

En materia financiera, AySA también informó que cumplió con los vencimientos de Obligaciones Negociables heredadas y que, del capital reestructurado por u$s298,2 millones en diciembre de 2023, el saldo pendiente se redujo a u$s46,5 millones, con vencimiento en mayo de 2026. La empresa volvió además al mercado con un fideicomiso financiero por $30.000 millones, mecanismo que le permitió anticipar ingresos y reforzar capital de trabajo.

El mensaje hacia el mercado es claro: la compañía logró autonomía operativa, ordenó su pasivo y estabilizó su flujo de fondos en un esquema con menor dependencia de subsidios.

Museo del Agua y de la Historia Sanitaria.

AYSA

Inversión pendiente y nuevo contrato

Más allá de la mejora contable, el desafío estructural sigue siendo significativo. La empresa presta servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad y 26 municipios del conurbano bonaerense, pero arrastra problemas históricos de infraestructura: una porción relevante de la red de agua y de los sistemas cloacales presenta obsolescencia y las pérdidas físicas y comerciales siguen siendo elevadas.

En 2025, la compañía puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas, que amplía la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes y beneficia a 4,5 millones de habitantes. Sin embargo, la modernización integral del sistema requerirá inversiones sostenidas en los próximos años.

En ese marco, antes de la licitación el Ejecutivo prevé firmar un nuevo contrato de concesión por entre 20 y 30 años, donde quedarán definidas las obligaciones de inversión, calidad de servicio y esquema tarifario. La intención es ofrecer un marco regulatorio estable que reduzca el riesgo jurídico y financiero del proyecto.

El proceso es coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, y cuenta con el acompañamiento de organismos multilaterales para facilitar líneas de financiamiento al futuro concesionario.