Las grandes capitales suelen ocupar la agenda en el Consejo de la Magistratura, en detrimento de aquellos espacios del territorio nacional donde los principales medios de comunicación no llegan. Escuchar y atender las necesidades que plantean los abogados y abogadas de todas las provincias del país es una deuda pendiente desde hace mucho tiempo, y ya es momento de empezar a responder.
El acceso a una justicia igualitaria y federal: una deuda pendiente del Consejo de la Magistratura
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El espíritu federal con el que fue creado el Consejo tiene que evidenciarse en la escucha de las voces de cada rincón del país donde haya un letrado o una letrada con una agenda que proponer. Sin perjuicio de la cantidad de colegas que viven y trabajan en la ciudad de Buenos Aires, debemos dejar de tener el centro de toda actividad en las grandes ciudades porque no son las únicas que tienen particularidades que atender.
Si tomamos en consideración que el Consejo es el órgano encargado de administrar los recursos del Poder Judicial, es válido preguntarse cómo se administran esos recursos, se implementan reformas y se responde a necesidades profundas si conocen solo las realidades de las principales capitales. El acceso a la Justicia debe estar garantizado en todo el país y en igualdad de condiciones para todos y todas, eso solo se puede lograr con un federalismo real, que abarque desde el modo de realizar las reuniones del Consejo hasta contar con un presupuesto participativo para cubrir las necesidades de cada provincia.
Aunque declarado federal, nuestro país conserva muchos vicios del modelo unitario, y es momento de romper con los espacios donde las realidades de cada provincia sean eclipsadas por las grandes ciudades donde se concentra el poder.
Contar con un Consejo abierto, que recorra el país con sesiones itinerantes capaces de incorporar las agendas de cada lugar y escuchando las voces del interior ayudará a dar el puntapié para reconstruir el dañado sistema judicial que tenemos hoy.
En esta línea, también es fundamental el rol que cumple la Abogacía en este órgano, que su voz sea escuchada y validada a través del voto. Solo de esta manera será posible reflejar y defender los intereses de cada letrado y letrada de toda la Argentina.




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