12 de diciembre 2021 - 13:53

Memoria activa 2001 (parte 18)

¿Por qué Cavallo ocuparía un cargo de gestión en un gobierno que no era el propio, en una circunstancia tan compleja, y después de haber creado su propio partido? Se trata de una pregunta difícil de entender desde la lógica del "político tradicional".

Domingo Cavallo junto a Fernando De La Rúa.

Domingo Cavallo junto a Fernando De La Rúa.

Imagen: Noticias Argentinas.

Su salida del gobierno de Carlos Menem fue controvertida: Cavallo venía de denunciar varios hechos de corrupción, implicando una relación entre Carlos Menem y el empresario Alfredo Yabrán. Menem le pidió la renuncia y Cavallo creó su propio partido político, Acción por la República, con el que se presentó a elecciones en 1997 y obtuvo tres bancas en la Cámara de Diputados. En 1999 se presentó como candidato a Presidente y compitió con el Partido Justicialista y contra el propio De la Rúa; el partido de Cavallo quedó en tercer lugar, con algo más del 10% de los votos. En 2000 volvió a competir contra la Alianza, esta vez en las elecciones para Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que debían elegir al sucesor de De la Rúa. Fue derrotado, con el 33,2% de los votos, y no quiso participar del ballotage.

¿Por qué Cavallo ocuparía un cargo de gestión en un gobierno que no era el propio, en una circunstancia tan compleja, y después de haber creado su propio partido? Se trata de una pregunta difícil de entender desde la lógica del “político tradicional”.

Pero probablemente Cavallo especuló que, si tenía éxito, iba a convertirse en el próximo presidente, a la manera de Fernando Henrique Cardoso y los otros technopols. Una vez más, necesitamos recurrir a la teoría de los políticos tecnócratas para entender algunas de las decisiones que se produjeron en este caso tan singular. De alguna forma, tal vez esperaba que el gobierno de la Alianza se transformase en la plataforma presidencial que el menemismo no le pudo brindar.

Cuando Fernando De la Rúa lo nombra al frente Ministerio de Economía, a fines de marzo de 2001, Cavallo prometió sacar al país de la recesión con una fórmula nueva: rebaja de impuestos distorsivos y “planes de competitividad” para activar la industria. Luego aprobó el impuesto a las operaciones bancarias (conocido como “impuesto al cheque”) que le permitió una rápida recaudación al Tesoro. Y, cuya juridicidad se derivaba de la delegación de atribuciones del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, mercados y organismos internacionales de crédito no reaccionaron bien a los primeros meses de la nueva gestión de Cavallo. Los planes de competitividad se veían como impracticables, y la promesa de reactivación no lucía creíble. El ministro parecía lanzar propuestas que nunca iban a llegar a implementarse.

Por esa razón, el “nuevo Cavallo” volvió a relanzar su perfil. En julio de 2001 realiza un nuevo anuncio, teñido de ortodoxia económica: el plan de “Déficit cero”, que postulaba un nuevo recorte general de gastos en la administración pública. La idea era salvar la convertibilidad evitando que el déficit ejerciera presión sobre el peso. Pero el riesgo país continúo en alza: nuevamente, los anuncios de Cavallo eran recibidos como impracticables. Mientras tanto, la resistencia al ajuste por parte del Congreso era muy grande, y el apoyo de De la Rúa a Cavallo lucía como insuficiente.

Se inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, mediante el “Megacanje”, se aplicó un impuesto del 21% a la actividad teatral (que le granjeó el repudio unánime de los sectores de la Cultura, por lo que se dio finalmente marcha atrás, aunque sí se perseveró para las entradas al cine, espectáculos de fútbol, a la venta de diarios y revistas). En las elecciones legislativas de 2001, caracterizadas por una baja participación y un alto porcentaje de voto blanco o anulado, ocurrió algo insólito: en las principales provincias, los candidatos “oficialistas” realizaban más críticas al gobierno y su política económica que los candidatos “opositores”. Los frepasistas ya habían abandonado el gobierno, y los radicales alfonsinistas no lo reconocían como propio.

En noviembre de 2001, Cavallo y la Ministro de Seguridad Social, Patricia Bullrich –totalmente alineada con el ministro de Economía- anunciaron más ajustes. Entre ellos, un recorte del 13% en los haberes previsionales, además del 13% sobre el salario de empleados estatales, y nueva deuda por 3.000 millones.

Hacia fines de ese mes, con el agravamiento de la situación económica, la suba constante del riesgo país que expresaba el riesgo de default percibido por los inversores que se alejaban, y una profunda desconfianza pública en el sistema bancario, comenzaron a producirse avalanchas de retiros de depósitos; para frenarlos, Domingo Cavallo impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos en los bancos, medida conocida popularmente como el “corralito”.

El 19 de diciembre la situación social se volvió incontrolable, con lo que el Ministro y el resto del Gabinete pusieron sus renuncias a disposición del Presidente. Tras los conocidos incidentes (saqueos, cacerolazos, represión) y con las restricciones bancarias aún vigentes, De la Rúa presentó su renuncia.

La tecnocratización, o entrega total del Poder Ejecutivo a Cavallo, puede reconstruirse a partir de varios hitos. Uno de ellos fueron las influencias del propio Cavallo sobre el gabinete: el ministro de Economía armó una suerte de “subgobierno” dentro del PEN. La mencionada Patricia Bullrich fue incorporada al llamado “gabinete económico” y respondía a las directivas de Cavallo, cuyo poder aparecía como delegado por De la Rúa. Los recortes y medidas que anunciaba Cavallo, tenían como vocera a esta funcionaria que, como él, no estaba referenciada en ninguno de los partidos de la coalición de gobierno. Ellos eran la razón por la que los candidatos de la Alianza ya no reconocían al gobierno como propio, e hicieron campaña contra él en las elecciones de 2001. Ellos precisamente, combatían la “cavallización del gabinete”.

Una posibilidad que quedó planteada era el ingreso del partido de Cavallo, Acción por la República, a la coalición de gobierno. Pero notablemente, tanto la UCR como el Frepaso resistieron esa posibilidad. A Alfonsín y a Álvarez les parecía admisible apoyar el ingreso de Cavallo al gabinete (con criterios de emergencia y excepcionalidad) pero no sumarlos formalmente a la coalición política. Como veremos en el articulo siguiente, esto implicaba una gran contradicción (que desnudaba, en todo caso, el aislamiento del gabinete cavallizado” y el conflicto abierto con las bases partidarias de la Alianza).

Además de Patricia Bullrich, el otro integrante del “subgobierno cavallista” (o “cavallización del gabinete”) era el ministro Carlos Bastos. Cordobés como Cavallo, gracias a él fue convocado entre 1991 y 1996 por Carlos Menem como Secretario de Estado de Energía, Obras Públicas y Comunicaciones. Bastos, fue en ese período, el encargado de la privatización de Segba, de toda la red eléctrica y de las compañías de gas. Y el autor del marco regulatorio aprobado por Ley para el funcionamiento de las empresas privadas de energía eléctrica. Naturalmente, desde su función Bastos fue el artífice de la privatización de Gas del Estado, y de su marco regulatorio resultante. Bastos dejó el gobierno de Menem cuando renunció Cavallo, lo acompañó al Ecuador cuando fueron ambos asesores del extravagante Abdalá Bucaram, y se incorporó a Acción por la República como especialista en energía e infraestructura. Había sido, también, investigador de la Fundación Mediterránea, el think tank cavallista. Era un ingeniero poco vinculado al sector privado, con un perfil más asociado al Estado y las contrataciones de empresas por parte del sector público. Continuara mañana.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

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