15 de abril 2005 - 00:00

Demorar medidas quita más votos que ejecutarlas

La receta es conocida. Para crecer sin sobresaltos se requiere estabilidad macroeconómica y un ambiente microeconómico pro negocios (respeto de la ley, los contratos y la propiedad privada). Desde que el caos producido por la devaluación + pesificación + default dejó su lugar a una relativa estabilidad nominal y a la recuperación del nivel de actividad, gracias a lo que muchos llamaron buena macro, lo que nunca logró aparecer fue la buena micro.

Esto llevó a formular una suerte de consenso compartido por la mayoría de los analistas económicos (locales e internacionales): «A corto plazo no surgirán problemas ni políticos ni económicos, pero el largo plazo, de no mediar un cambio en algunas políticas públicas, es otra historia».

• Amenaza

La incertidumbre quedaba para más adelante, aunque el timing de los acontecimientos económicos y políticos que precipitarían la aparición de ese largo plazo no resultaba fácil de prever. En este escenario, el aumento de precios de los últimos 4 meses (+15,4% en términos anualizados) es la primera amenaza concreta de que dicho largo plazo haya dejado de ser, precisamente, largo.

La estabilidad nominal y la recuperación económica fueron hasta aquí los pilares sobre los cuales el presidente Kirchner construyó poder. Sin ellos, la capacidad del Presidente para suplantar los votos que no recibió con apoyo popular hubiera sido extremadamente reducida. La combinación de estabilidad nominal y fuerte recuperación económica fue posible gracias a un tipo de cambio real depreciado (o «Kompetitivo»), una política de gasto público compensatorio (de los bajos salarios resultantes del tipo de cambio depreciado), un superávit primario récord, y una política monetaria acorde (con dicho superávit y con dicho objetivo cambiario).

Si bien este esquema funcionó bien hasta aquí, resulta difícil que pueda continuar en un contexto de aumento de la tasa de inflación. A medida que los precios se aceleran, los tiempos de una política económica capaz de mantener, sin mayores sobresaltos, los dos pilares de la administración se acortan.

Existe cierto consenso en torno a la idea de que el aumento reciente de los precios es la resultante de un cóctel de políticas monetarias y fiscales expansivas en un contexto en el que existen cuellos de botella y presiones por el lado de los costos salariales en varios sectores. De ser así, las autoridades económicas estarían en condiciones de evitar una aceleración inflacionaria. De hecho, la expansión monetaria y la expansión del gasto público compensatorio fueron utilizadas para maximizar la recuperación del nivel de actividad económica.

• Objetivo

Por lo tanto, las autoridades debieran modificar su estructura de prioridades, fijándose como objetivo prioritario la estabilidad nominal, incluso si se requiere enfriar la economía y relegar en parte el objetivo de crecer, en el corto plazo, a tasas aceleradas. En efecto, concentrar las fuerzas en el mantenimiento de la estabilidad nominal requeriría relegar el objetivo de tipo de cambio real alto y restringir el incremento del gasto público compensatorio. Por el contrario, una estrategia en la cual las autoridades deciden contener la suba de los precios mediante cambios marginales en el sesgo de la política fiscal y monetaria, echando mano a soluciones intervencionistas, puede resultar potencialmente peligrosa.

• Magnitud

En primer lugar, porque es difícil determinar exante cuál es la magnitud exacta del ajuste en el nivel de actividad que se necesita para descomprimir las presiones sobre los precios (por lo que la probabilidad de que una estrategia «light» sea insuficiente resulta, a priori, elevada). Además, porque si el ajuste deber ser mayor, éste se termina produciendo pero a través de mecanismos aún menos agradables.

Si se está de acuerdo en que es necesaria una desaceleración del nivel de actividad, la mejor alternativa es que ésta se produzca a través de políticas restrictivas diseñadas por las autoridades, y no por medio de una espiral inflacionaria que licue indiscriminadamente el ingreso de los consumidores. Controlar a tiempo la inflación requerirá decisiones difíciles, y es probable que se tenga que sacrificar en el corto plazo alguno de los pilares de la administración, lo cual le termine representando algún costo político.

Sin embargo, al igual de lo que viene sucediendo con la falta de avances en materia microeconómica, las autoridades deberían tener en cuenta que no tomar dichas decisiones genera más tarde o más temprano costos políticos que pueden resultar incluso más elevados de los que se pretenden evitar con la demora. El importante aumento del número de pobres e indigentes que se produjo en los primeros tres meses del año, producto de la aceleración de los precios, resulta una prueba irrefutable de que ello es efectivamente así.

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