¿Qué pasará con las escuelas el año que viene?

Opiniones

El fallo de la Corte Suprema que habilitó el ingreso de formoseños a su provincia tiene en sus fundamentos una lectura que abre una oportunidad interesante para que los padres podamos defender la vuelta a clases de nuestros hijos.

Los argentinos asistimos en este tiempo, impotentes, a disputas políticas totalmente alejadas de la realidad, a años luz de nuestros problemas y con una agenda impuesta que definitivamente no es la nuestra. Mientras tanto, millones de familias padecen dificultades concretas y se encuentran desoladas sin que nadie se haga eco de sus preocupaciones y lo que es peor, sin perspectivas de mejora.

De todos los desafíos que tenemos por delante el más importante es, estratégicamente, el de la educación. En particular, resuena hoy en el corazón de muchos argentinos una pregunta: ¿Qué pasará con las escuelas el año que viene?

Algunos funcionarios ensayan la vuelta, pero se contradicen. Otros aseguran que será luego de una vacuna que no usan, al menos hasta ahora, los poderosos del mundo y que a ciencia cierta no está claro cuándo se implementará ni si será verdaderamente efectiva.

Luego de 9 meses de "lock down", la política no supo encontrar otras respuestas a este desafío de volver a clases. No se trata, por cierto, de volver para tener espacios de recreación y juegos, ni tampoco para revincularnos, aunque todo eso va de suyo con el reinicio.

La vuelta a clases debe ser para estudiar y para formar buenos argentinos. La política, cuya herramienta es el poder, “no pudo” organizar eso, mostrándonos su enorme fracaso. Existe un riesgo cierto de que su propuesta siga siendo enviarnos a nuestras casas, a virtualizar a nuestros hijos y lo que es peor, a excluir a la mayoría de los argentinos que ni siquiera podrán participar de esquemas “alternativos”.

Sin embargo, recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación entró en escena con un esperanzador mensaje de sentido común. Con un importante fallo en el que limitó el poder del gobernador de Formosa (que no dejaba ingresar a más de 7.500 formoseños a su provincia por razones sanitarias), advirtió a toda la política, y alertó a los ciudadanos, con relación a los límites a las decisiones políticas tomadas a raíz de la pandemia, en base al impacto que pueden tener en nuestra vida diaria, en el ejercicio de nuestras libertades y el cercenamiento de nuestros derechos.

La Corte hizo suya una Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los desafíos del COVID en la que expresaba quetodas las medidas “…deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales…”. A su vez, el máximo tribunal avisó: “…Los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance”.

Por último, concluyó que las restricciones establecidas por las autoridades locales deben superar el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, lo que implica que no se pueden suprimir las libertades individuales más allá de lo tolerable.

En este contexto de incertidumbre el fallo de la Corte abre una oportunidad interesante para que los padres podamos defender la vuelta a clases de nuestros hijos y anticipa, en consecuencia, la potencial presentación de múltiples acciones de amparo por cada asociación o grupo de padres, instituciones educativas, o simplemente familias, que pretendan discutir las medidas irrazonables que existen en el país, las cuales conculcan nuestros derechos constitucionales.

Acaso los padres debamos pensarlo seriamente. Es que frente a los mensajes contradictorios del gobierno, no podemos quedarnos paralizados. Inspirados en las señales claras que dio la Corte, debemos ejercer nuestros derechos, ya que posibilitar la educación de los niños es indispensable para su crecimiento, desarrollo y salud integral. Seguir encerrando a nuestros hijos, terriblemente impactados por estas medidas, ¿no va más allá de lo tolerable?

Desde esa perspectiva, cuestionar estas medidas cuando afecten la salud y el desarrollo de nuestros niños constituye, para quienes somos padres, además de una obligación moral y natural, un derecho y una responsabilidad legal derivada del ejercicio de la patria potestad establecida en el Código Civil.

Como argentinos, además, mientras observamos que más de la mitad de nuestros hermanos cayeron en la pobreza, no podemos permitirnos renunciar al conocimiento, al acceso a la educación tantas veces ponderada en los discursos de quienes nos gobiernan; no podemos cerrar las escuelas, lugar de encuentro por antonomasia de los argentinos, cuna de nuestra identidad, igualadora de oportunidades y garante de un futuro mejor para todos. ¿Acaso vamos a quedarnos callados?

Si alzamos la voz, nuestra dirigencia política quizás se ponga al servicio de su pueblo. La Argentina profunda, la que trabaja (y la que espera poder hacerlo), la que madruga (y la que se desvela), en algún momento, ha valorado sus esfuerzos. Pero también ha padecido sus impericias todo el año. Se ha acomodado, ha sido paciente, tremendamente tolerante, consciente y comprensiva pero también ha comprendido: el anti sentido terminó. No pactamos más, no más casinos abiertos y escuelas cerradas.

Abogado. Ex director de ADA (Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires) y ex jefe de Gabinete del organismo provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

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