El velo sobre las 950 cuentas y los derechos humanos

Opiniones

El reciente fallo del Juzgado Federal número 5 que no acepta que la UIF intervenga como parte querellante ante un posible lavado de activos, derivados de evasión tributaria en la causa donde se "investigan" ilícitos derivados de esas 950 cuentas, persigue el objeto de recortar la investigación y se incorpora así a la zaga de silenciamientos.

Por Marcela Adriana Vivona

Simone Weil sostuvo que cada ser humano tiene una obligación esencial hacia sus semejantes, el respeto, el cual se expresa en el primer deber para con los demás: un semejante no pueda pasar hambre. Las políticas de globalización, de la mano del capitalismo de las transnacionales y el neoliberalismo han puesto su mejor empeño por instalar, en términos de posverdad, la idea de que los gobiernos populares son contrarios a los intereses de la mayoría de la sociedad.

Corría el año 2016 y mis sueños de un país libre y soberano se desvanecían en un letargo de ansiedad y tristeza. Recuerdo cuando se comunicaba a la sociedad que la firma de un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el intercambio de información en materia tributaria, daba paso a un Estado renovado que ingresaba en el “mundo libre de dogmas populistas”. Una Argentina asentada en criterios del siglo XVIII, conforme las cuales el éxito, en el sistema de libre mercado autorregulado, es resultado del trabajo individual sin que sea necesaria la presencia del estado para paliar o hacer desaparecer las desventajas estructurales y desigualdades que este sistema puede crear.

En esa orientación, se aceptaba y promovía el concepto según el cual el armado “de una sociedad offshore, muchas veces mediante el armado de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) es una prerrogativa que los empresarios encuentran en otros países por las ventajas societarias e impositivas que estas ofrecen”, afirmándose entonces que este mecanismo, en la visión de que la evasión fiscal no constituía una falta ética ni un delito, tampoco constituía un hecho precedente del lavado de activos.

Así, en abril de 2020, en medio del Covid-19 y la cuarentena, el pueblo argentino se enteraba que tiempo atrás, durante el año 2018, la OCDE había enviado al país un listado indicando la existencia de 950 cuentas de argentinos en el exterior, totalizando unos 2.600 millones de dólares, y que la AFIP de aquél momento decidió no investigar. Contribuyendo de esta manera a encubrir la fuga de divisas que un sistema perverso había fomentado.

Los delitos financieros complejos (DFC), que son los generadores del mayor daño social y que suelen conformar la llamada delincuencia “silente” o de “cuello blanco” por sus características intrincadas, y provenir muchas veces del poder económico concentrado, suelen perderse en los laberintos de la academia orgánica y de algunos medios de comunicación.

En este mismo sentido, el reciente decisorio –apelado- del Juzgado Federal número 5, que, esgrimiendo criterios del siglo pasado, no acepta que la UIF intervenga como parte querellante ante un posible lavado de activos, derivados de evasión tributaria en la causa donde se “investigan” ilícitos derivados de esas 950 cuentas, persigue el objeto de recortar la investigación y se incorpora así a la zaga de silenciamientos.

En el actual contexto de emergencia sanitaria y financiera, donde la evasión impositiva es uno de los delitos más lesivos, ese ocultamiento de 950 cuentas no sólo compromete el interés fiscal sino también los derechos de tantas argentinas y argentinos que necesitan de un Estado presente con políticas públicas orientadas al bien común y que contribuyan a fortalecer, conforme los principios del estado social y democrático de derechos, una conciencia social más igualitaria y solidaria, orientada a preservar los derechos humanos básicos de toda persona.

Integrante de la Dirección de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera. Abogada, docente UNLAM.

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