La semana pasada, la administración del presidente George W. Bush envió al Congreso su propuesta de modificación de la política de subsidios que hoy reciben los agricultores de su país en función de un esquema de asistencia quinquenal, que vence a fines de este año. La referida propuesta deberá ahora ser debatida en el ámbito del Poder Legislativo, dominado hoy por los demócratas, que son -en general- más proteccionistas que los republicanos, razón por la cual es posible que se introduzcan cambios a lo sugerido por el Poder Ejecutivo en dirección a un mayor proteccionismo.
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Cabe aclarar que voceros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han advertido que, si como consecuencia de eventuales acuerdos multilaterales que pudieran alcanzarse en el ámbito de la Ronda de Doha (a la que se está tratando de revivir), debiera modificarse la propuesta recientemente enviada al Congreso, esos acuerdos multilaterales tendrían prioridad. Recordemos que los productos agropecuarios conforman 7% del total del comercio internacional y significan sólo 4,5% de las exportaciones totales de los Estados Unidos.
Cuantitativamente, el Poder Ejecutivo norteamericano propone ahora disminuir en 10 billones de dólares la asistencia al sector que se brindará a lo largo del próximo quinquenio, que será entonces del orden de unos 87 billones de dólares. Cabe apuntar, que se sugieren, asimismo, algunos cambios cualitativos importantes, a saber:
Fijar un «techo» máximo, más allá del cual los agricultores norteamericanos no podrán percibir subsidios. Se procura así una mayor equidad social, esto es favorecer a quienes tienen menor dimensión. Hoy, ese «techo» son los agricultores que tienen un ingreso bruto ajustado de 2.500.000 dólares, por encima del cual nadie puede ser subsidiado. La propuesta es ciertamente drástica, desde que sugiere reducir ese «techo» a sólo 360.000 dólares, importe por encima del cual nadie podría ser asistido en el futuro. La exclusión propuesta dejaría afuera a unos 75.000 establecimientos, de los aproximadamente 700.000 que en la actualidad son subsidiados. Hasta ahora, 9% de los agricultores norteamericanos recibe 54% de los subsidios destinados al sector, lo que es políticamente difícil de defender. Cabe destacar que la Unión Europea, pese a haberla discutido en varias oportunidades, no ha podido (por falta de consenso) poner en vigencia una propuesta de esta naturaleza.
Reducir sustancialmente los préstamos subsidiados al agro, que están siendo objeto de impugnaciones en el seno de la OMC.
Dejar, paulatinamente, de subsidiar sólo en función del aumento de la producción o de los precios, para comenzar a hacerlo con mayor acento en la conservación y preservación del ambiente, o simplemente de manera directa, esto es sin relación con los volúmenes producidos, ni con los niveles de precios. Se propone, no obstante, un esquema de subsidios que -indirectamente- contempla la posibilidad de pérdida de cosechas debida a factores climáticos. Además, si los precios de los productos del agro cayeran por debajo de sus atractivos niveles actuales, los subsidios renacerían, en algunos casos.
Asistir con subsidios también a los productores de frutas y verduras y otros cultivos « especiales» quienes, hasta ahora, habían sido prácticamente marginados de toda asistencia.
Estimular la producción de biocombustibles, pero a partir de insumos distintos del maíz, para lo cual se propone una asistencia financiera (en forma de garantías del Estado a los préstamos destinados a este propósito) del orden de los 2.100 millones de dólares y, además, destinar unos 1.600 millones de dólares a la investigaciónde alternativas de producir biocombustibles distintas de aquellas que hoy utilizan al maíz.
Estas son las pautas generales de asistencia al sector agropecuario que está proponiendo la administración de George W. Bush. Obviamente, si ellas son aceptadas, el proteccionismo norteamericano seguirá gozando de buena salud y (como el de los demás países industrializados) dañando al mundo en desarrollo. Para que esto no termine siendo así hay un camino que debe poder abrirse, el del diálogo multilateral, en el ámbito de la Ronda de Doha. Lo que no sucederá si no se accede a desarmar sustancialmente el proteccionismo agrícola. En esto, la posición del mundo en desarrollo es clara: no hay más espacio para seguir acumulando daños sobre los hombros del sector agropecuario, como sucediera en su momento, como resultado de la Rueda Uruguay. Con este telón de fondo es realmente incomprensible como en nuestro país se sigue castigando a un sector que, de otra manera, por su alta competitividad, falta de aversión al riesgo, y entrega al esfuerzo y al trabajo, podría transformarse en una gigantesca usina de generación de riqueza y de oportunidades.
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